Nos tienen miedo

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Verónica Gago

El ninguneo que implica el rechazo al proyecto de legalización del aborto por parte del Senado argentino reedita -y nos hace rememorar- una escena que conocemos: la escena doméstica donde todo el esfuerzo que hacemos parece volverse invisible, casi como si no existiera, como si no contara. Así quisieron repetir desde el parlamento aquello a lo que el patriarcado quiere acostumbrarnos hace siglos: un acto de desprecio para depreciarnos. Donde nuestro poder no entra en la cuenta, no contabiliza. Pero el despliegue del movimiento feminista de este tiempo hace que a esa escena de sometimiento e invisibilización nosotrxs no volvamos más. Es desde esa certeza que no hay retorno, y que nuestro poder conquistado es irreversible, que viene nuestra furia. Es desde esa certeza también que decimos que a la clandestinidad no volvemos nunca más.

El desprecio fue contundente. Y estuvo dirigido a la multitud feminista que desbordó la ciudad: a la movilización masiva, efervescente, popular, diversa, intergeneracional, sostenida durante horas contra la lluvia y el viento (¡sólo de Rosario vinieron 110 micros!). No podemos negar que lo sentimos como una burla, una ofensa, un brutal intento de disciplinamiento. De allí también viene nuestra furia.

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

El rechazo del Senado tiene el mismo patrón de desconocimiento histórico de lo que se hace con nuestras tareas, con los modos en que producimos valor, con todo lo que trabajamos para que el mundo se produzca y se reproduzca, con nuestros modos de tejer sociabilidad y cuidado colectivo y que ha sido sistemáticamente no tenido en cuenta en las cuentas de ninguna democracia. Porque conocemos ese método de rebajarnos y desconocernos y porque contra eso hemos construido ese grito común que dice “ahora que sí nos ven”, no vamos a permitir que nos invisibilicen otra vez. De la garganta, de repetir ese grito convencidas, también viene nuestra furia.

Porque esa invisibilización -que es un régimen de visibilidad específico- se hace a costa de expropiar la potencia misma de nuestros cuerpos mientras se “explota”, se saca beneficio, de nuestra representación. Los senadores no dejan de hablar en nuestro nombre, de legislar sobre nuestros deseos y nuestras maternidades mientras simulan que no existen los casi dos millones de cuerpos que en las afueras de Congreso no paraban de hacerse oír y de manifestarse. De ese intento de seguir controlando nuestras decisiones vitales con la fuerza de un poder de élite, de allí también viene nuestra furia.

En este sentido, la escena del 8 de agosto ofrece una nitidez histórica de un poder ya invertido: no hay acatamiento a ese ninguneo. No hay sometimiento a la invisibilidad. No hay resignación a que no contemos. No hay acomodamiento a, una vez más, no ser parte o ser la parte infantilizada y, por tanto, tutelada de la democracia. La fuerza callejera que el 8 de agosto tomó las ciudades es un poder político de cuerpos no tutelados y no domesticados.

Y esto se traduce en términos espaciales: nosotrxs ya nos salimos del encierro doméstico. Nosotrxs construimos otros territorios domésticos que no nos obligan al trabajo gratuito no reconocido y que no nos exigen promesa de fidelidad al marido-propietario. Nosotrxs tomamos la calle y la hacemos casa feminista. El 8A, los que estaban encerrados eran ellos mientras nosotrxs tomamos la ciudad. ¿Por qué esto es también una inversión que hace historia? El confinamiento -la coartada predilecta del encierro doméstico- quedó de su lado.

Los senadores estaban recluidos, custodiados por vallas, anunciando que la votación debía acelerarse para no retardar la represión policial. Es decir, avisando que su voto contaba por anticipado con el respaldo de la represión estatal e intentando disciplinar el enojo popular. Afuera, el espacio de lo político reorganizado y reinventado a cielo abierto por una marea que será inolvidable para todxs lxs que estuvimos allí. El reducto del recinto -vetusto y decadente- en contrapunto con el acampe formado por esas casas y ranchadas abiertas, experimentales de otra domesticidad, de otros cuidados. Esta inversión espacial marca una cartografía política de nuevo tipo. Y desarma la oposición tradicional entre la casa como el espacio cerrado y lo público como su contrario: estamos construyendo casas abiertas a la calle, al barrio, a las redes comunitarias y un techo y unas paredes que refugian y abrigan sin encerrar. Esto es un balance práctico que surge de la realidad concreta: muchísimos hogares, en su sentido patriarcal, se han vuelto un infierno; son los lugares más inseguros y donde se producen la mayoría de los femicidios, además de un sinfín de violencias “domésticas” y cotidianas.

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Con esta nueva forma de construir política casi no hace falta cantar que no nos representan o hacer una versión feminista del ¡que se vayan todos! Ya pasamos ese umbral. Quedó evidenciado que el régimen de representación que se sostiene de espaldas a la calle no tiene nada que ver con el modo feminista de hacer política y de hacer historia. Pero más aún, quedó demostrado que la política ya se está haciendo en otros territorios, que tienen la fuerza para producir un espacio doméstico no patriarcal.

Vuelvo a la furia. Sentimos náusea, asco, repugnancia al escuchar la ignorancia y la violencia de algunas frases de los senadores. Que puede haber violación sin violencia porque sucede dentro de la familia, como dijo Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), es de nuevo el síntoma de lo que quiero argumentar: que, aun en el Parlamento, estamos hablando de la escena doméstica. Que lo que sucedía en el recinto –supuesto espacio de la esfera pública– no es ni más ni menos que el intento desesperado por sostener el hogar como reino patriarcal frente a la emergencia de una política que construye otras formas y deshace la división entre público y privado que jerarquiza un espacio contra otro.

¿Qué significa esto? Lo que el senador Urtubey (a quien hay que exigir desafuero ya) explicitó sin tapujos: que el hogar, en el sentido patriarcal, es el lugar donde la violación está permitida. Porque el hogar se constituye como “privado” cuando legitima el acceso violento y privilegiado por parte de los varones al cuerpo de las mujeres y a los cuerpos feminizados (lo cual incluye niñxs). Lo privado acá es lo que garantiza el secreto y la legitimidad (lo que el senador llama “no violencia”) de la violencia. Es también lo que permite la famosa “doble moral”. Estamos aquí en el corazón de lo que organiza, como ha señalado Carole Pateman de modo pionero, el pacto patriarcal: una apuesta a la complicidad entre varones basada en esta jerarquía que en nuestras democracias se convierte en una forma de derecho político.

En el pacto patriarcal hay una división sexual de los cuerpos: el cuerpo masculino se presenta como cuerpo racional y abstracto pero se reivindica con capacidad de gestar. ¿Qué es lo que gesta? Orden y discurso para legitimar su superioridad y expropiar la soberanía sobre la gestación del cuerpo de las mujeres. Lo que hay, entonces, es una disputa por el poder de gestación porque el orden político patriarcal se funda en esa expropiación. Esa expropiación implica una subordinación específica y se traduce como poder dentro de las casas: es el poder de violación sobre el cuerpo femenino o feminizado como estructura del orden patriarcal. Este es el pacto que los senadores ratificaron en la madrugada del jueves 9 de agosto y que funciona como piedra angular de todos sus privilegios. Se sancionó el poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres que encuentra, insisto, en la violación su escena fundante.

La escena teológica

Pero esta escena parlamentaria nos remite directamente a otra escena. La votación negativa ratifica al parlamento como espacio sometido al poder teológico: fue el teatro de la iglesia católica para reafirmar su poder en decadencia. Lo dijo el senador Pedro Guastavino (Bloque Justicialista-Entre Ríos) de modo coloquial: los senadores que se pronunciaron a favor del aborto se la pasaron “esquivando crucifijos”, aprietes en los teléfonos y mensajes varios de la mafia que se dice celestial. Con el referéndum en Irlanda, con la movilización en Polonia y la marea feminista en Argentina, la Iglesia católica, apostólica y romana -esa a la que le dedicamos varios cánticos- siente la ofensiva en países que fueron emblemas de su fidelidad.

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Hoy Argentina tiene una particularidad: es la tierra del Papa. Las operaciones políticas de la iglesia, con la figura de Bergoglio a la cabeza, contra el feminismo intentan dividir a las organizaciones sociales y boicotear la fuerza de un movimiento que se está construyendo desde abajo, que es popular y anti-neoliberal. Ya argumenté sobre el tipo de disputa por la espiritualidad política que la iglesia -la católica y otros fundamentalismos religiosos- siente, como nunca antes, con los feminismos actuales a propósito de la votación en Diputados.

Luego del triunfo en la cámara baja, la contra-ofensiva de la Iglesia se recrudeció. Las homilías en los festejos patrios del 9 de julio fueron en varios sitios discursos de guerra: así legitimaron desde arriba el ataque en las calles a chicas sólo por portar pañuelo verde, dieron ímpetu a grupos fundamentalistas que atacaron a militantes feministas (como en Mendoza) e impulsaron el adoctrinamiento sobre adolescentes en colegios confesionales (hay que recordar la marcha de adolescentes con pañuelo celeste obligadas al paso marcial en la escuela de Santiago del Estero).

Se trata de un capítulo intensivo de la campaña contra lo que denominan “ideología de género” y que tiene formas específicas en cada país de América Latina. Este concepto le sirve a la iglesia para identificar al feminismo como nuevo enemigo. Allí se inscriben las manifestaciones en Perú y en Ecuador que dicen “Con mis hijos no te metas”. En Brasil, la “ideología de género” es invocada como amenaza a la familia y promesa de homosexualidad por parte de varios fundamentalismos (también se la nombró allí la semana pasada en el primer congreso “anti-feminista”). En Colombia, jugó un papel en la campaña que agitó la “amena­za del género” a favor del triunfo del “no” a los acuerdos de paz de La Habana. En Chile, se usa contra las revueltas feministas a manos de grupos neo-nazis. En Argentina, ha tomado a su cargo la ofensiva contra la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y del aborto.

Pero la intensidad del debate aquí tuvo, otra vez, su particularidad: se centró en el argumento de que “las pobres no abortan”, de que el aborto es “imperialista” o una “moda” impuesta por el FMI. En el tutelaje que la Iglesia practica especialmente sobre las mujeres pobres se intensificó su batalla, a cargo del discurso de los llamados “curas villeros”. Lo interesante del debate en estas semanas fue la toma de la palabra de una enorme cantidad de mujeres de villas y barrios contando su experiencia de aborto en la clandestinidad. Esto marcó un salto político en la discusión respecto de los años anteriores, ya que la masividad del debate se dio en términos clasistas, exhibiendo que la clandestinidad tiene distintos precios. Es decir, la transversalidad de la politización feminista permitió ampliarla en espacios y lugares donde antes no llegaba como discusión aun si los abortos eran una realidad masiva. Los líderes de varios movimientos sociales intentan disciplinar a las mujeres de esas agrupaciones, militando a favor de poner límite a la ola verde para responder a los pedidos del Vaticano.

La cantidad de mujeres de barrios populares que poblaban las carpas que cruzaban de la avenida 9 de julio a Callao discutiendo estas cuestiones habla de un fracaso de esos disciplinamientos internos. De la fuerza que tiene decir que a la clandestinidad no volvemos más aun si el Papa se atreve a asociar el aborto con el nazismo. Pero sobre todo, habla de un empuje de las pibas más jóvenes para plantear con sus madres y al interior de sus familias una interpelación, una discusión y un modo de vivir la sexualidad que hace temblar el pacto patriarcal que es también pacto eclesial. Y un efecto cascada sobre la ampliación de otra discusión: la separación definitiva de la Iglesia del Estado, que tuvo una contundente demostración en las cajas llenas de formularios de apostasía que se hacían en medio del acampe. No es casual que la reacción de la iglesia sea tan virulenta al mismo tiempo que no paran de destaparse casos de curas pedófilos, de abusos sexuales contra monjas, y de testimonios públicos de hijxs no reconocidxs por sus padres-curas. De nuevo, volvemos a la escena de la violación: es eso lo que una y otra vez se está defendiendo como espacio “privado” y “sagrado” de los poderes que sostienen el pacto patriarcal-eclesial.

La escena global

El escenario de la contienda por el aborto sucedía aquí pero era ya una escena global. La repercusión y el tejido de resonancias a nivel internacional que tuvo la campaña por el derecho al aborto en América latina y el mundo fue un dato contundente. Muchas ciudades se tiñeron de verde. Manifestaciones frente a embajadas, organizaciones en plazas, confección de pañuelos en otras latitudes, tomas de universidades y escuelas performatearon un nuevo tipo de internacionalismo.

Fotografía de Gala Abramovich, marcha por el Aborto legal seguro y gratuito, 8A, Buenos Aires

Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Desde los paros feministas (19 de octubre de 2016 y 8 de marzo de 2017 y 2018) se ha nutrido una dinámica internacionalista del feminismo que se traduce como coordinación, enjambre de iniciativas, tráfico de léxicos políticos, articulación de una agenda común y una fuerza que se experimenta de modo concreto en los conflictos diversos. El feminismo como nuevo internacionalismo está produciendo un tipo nuevo de proximidad entre las luchas.

Lo que se jugaba en la votación del Senado argentino también registra la fuerza de un escenario que, como rezaba la contratapa del New York Times, evidencia que “el mundo está mirando”. Hoy el triunfo católico conservador aparece como noticia pero aun así no logra jaquear las fotos que ya recorrieron el mundo: una marea verde en las calles, un sinfín de luces en medio de la noche de invierno, un río de deseo de desobediencia.

Esta vez las presiones del cabildeo político se impusieron a favor de que el pacto patriarcal-eclesial mantenga su poder sobre la autonomía y la decisión de las mujeres en relación a su maternidad y a su deseo. Sin embargo, el temblor de la revolución feminista no deja lugar sin conmover. El aborto en la calle ya es ley. Nuestra victoria es aquí y ahora y a largo plazo. Estamos haciendo historia. Nos tienen miedo. Este desprecio del Senado no será gratis. Tenemos furia y euforia. No tenemos esperanza, tenemos fuerza.

 

Verónica Gago integra el Colectivo Ni una Menos y el Colectivo Situaciones, es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Actualmente está trabajando en un proyecto que explora las economías populares en contextos posneoliberales.

Gala Abramovich es fotógrafa, lesbiana, electricista y productora radial. Nació en CABA, hoy vive en La Matanza. Para ver más sobre su trabajo: https://www.galaabramovich.com/

 

Declaración pública de organizaciones feministas contra ataques del fascismo

Desde la RedCSur difundimos aquí la declaración publica formulada por distintas organizaciones feministas de Chile, como un pronunciamiento contra los ataques fascistas ocurridos en la marcha que tuvo lugar en distintas ciudades por la lucha por el aborto que tuvo lugar el 25 de julio de 2018

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Imagen: Frente Fotográfico / Marcha del 8 de Agosto / Santiago de Chile

Chile, 30 de Julio de 2018

 

Firman 97 organizaciones feministas, sociales y políticas

La jornada de movilización del miércoles 25 nos demostró que las demandas feministas y por los derechos de las mujeres en Chile tienen una enorme capacidad de convocatoria. Con manifestaciones en más de 18 ciudades del país, esta 6ta marcha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito dio muestras de un apoyo sin precedentes, que es resultado de un largo proceso histórico.

En este marco de avance incuestionable es que pequeños grupos, con acciones cobardemente concertadas, evidenciaron su impotencia a través de la violencia y el ataque directo al movimiento feminista que se manifestaba en las calles. Estos grupos fascistas, fundamentalistas y de ultraderecha se han levantado en el último tiempo con la venia y silencio cómplice de amplios sectores, tanto políticos como mediáticos, que han dado lugar y legitimidad a sus discursos de odio; los hechos no están disociados al efecto de las políticas pasadas y presentes de quienes han venido gobernando y controlando el país sobre cimientos dictatoriales.

En este contexto se dieron los ataques del miércoles 25 de julio, los cuales también han sido dirigidos en múltiples ocasiones hacia la población migrante, la disidencia sexual y a todos los grupos organizados para transformar las vidas precarias que tenemos en este país. Es por ello que hoy es necesario enfrentar estos hechos de manera articulada desde el conjunto del movimiento social.

Rechazamos de manera tajante los intentos de nombrar a estos actos como terroristas y de utilizar el ataque que sufrimos como movimiento para reponer instrumentos represivos, como lo son la Ley Antiterrorista. Como feministas tenemos claro que esos instrumentos no se han hecho para protegernos de los ataques de los que somos objetos, sino que tienen como finalidad reprimir al pueblo mapuche y desarticular a los movimientos sociales.

Como movimiento feminista no nos prestaremos para este tipo de salidas, menos aún cuando el actuar tanto de carabineros como de las autoridades políticas del país ha sido sumamente negligente. La pasividad con la que carabineros actuó luego del despliegue de las acciones violentas contra las manifestantes se ha seguido de declaraciones por parte de personeros de gobierno en las que han difundido la identidad de las mujeres agredidas el día miércoles; ello contra su voluntad, contribuyendo a su exposición pública, revictimizándolas y haciéndolas vulnerables a posibles represalias. Estos antecedentes nos vuelven a recordar que el gobierno y sus actores no están ni han estado de nuestro lado.

El viernes recién pasado asistimos Centro de Justicia para presentar una denuncia e interpelar al Ministerio Público a realizar todas las investigaciones necesarias por los crímenes cometidos el día de la marcha, y a interpelar al Estado en su responsabilidad política. Sin embargo, queremos insistir en que la jornada del miércoles tuvo dimensiones históricas que estos hechos no deben nublar. Fue nuestra masividad la que constituyó el marco en el que estas acciones se realizaron, y esa masividad debe continuar, no vamos a retroceder.

Es por eso que convocamos a todas quienes han participado de las manifestaciones a continuar y redoblar la movilización, para decir con fuerza que el feminismo llegó para quedarse, que hemos corrido los cercos de lo posible y que hoy nos queda seguir avanzando en la conquista y construcción de una vida digna y libre en Chile para todas y todos.

Este 8 de agosto, día de la votación del proyecto de Aborto Legal en el Senado argentino, convocamos a concentraciones masivas a lo largo de todo el país; en el caso de Santiago nos reuniremos fuera de la ex embajada. Esto como muestra de solidaridad internacional con las compañeras argentinas y como gesto de afirmación de nuestra lucha y movilización por conseguir el aborto libre, legal, seguro y gratuito en nuestro territorio.

¡Seguiremos luchando contra el fascismo en todas sus formas, hasta que todo el territorio se vuelva Feminista!

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Imagen: Coordinadora Feminista 8M / Marcha del 8 de Agosto / Santiago de Chile

 

El momento del aborto libre

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Imagen: Coordinadora Feminista 8M / Julio 2018 / Santiago de Chile

Karen Glavic

 

Tiempo de feminismos

Vivimos tiempos de feminismos, qué duda cabe. Durante los últimos meses hemos visto en Chile y en América Latina, tiempos de Ni una menos, aborto libre y tomas feministas. La constante sensación de estallido con que habitamos el mundo no debe confundir: las luchas feministas tienen una continuidad y latencia histórica, no hay para el caso –ni para las luchas sociales en general, probablemente- puro acontecimiento, sino que más bien momentos de repliegue y agudización. Recuperar las memorias del feminismo y sus luchas específicas no es una insistencia por el dato, es la puesta en común de la acumulación de fuerzas y de procesos políticos sobre los cuales nos hemos desacostumbrado a mirar multidireccionalmente. Seguramente, para los sentidos que se construyen como opinión pública, esta ola feminista es un ahora, un “ahora se les ocurrió”, un “ahora ya no se puede decir nada de las mujeres”, un “ahora esto es abuso” que subsume los procesos en un presente que se agota en sí mismo sin miradas ni en retrospectiva, ni en perspectiva. El feminismo tiene hoy su tiempo, pero no es solo hoy su tiempo. Y es por eso es tan relevante que una lucha histórica como el aborto, pendiente y profundamente vulneratoria en su falta, re-emerja disputando la construcción de un sentido común. Es necesario recopilar las voces de quienes han luchado, re-hilvanar las discusiones y volver a darlas al calor de la coyuntura y aquello que demandamos e imaginamos como un por-venir.

La cerradura político-institucional de la posdictadura, así como para tantos otros pendientes democráticos, indicó durante años que no era momento para el aborto libre. Que Chile no estaba preparado, como traducción engañosa de la falta de acuerdos y voluntad política necesaria para generar un proyecto de ley que permitiera su legalización. A su vez, el traslado del feminismo más contestatario de los años de dictadura, en políticas institucionales y reorganización de los partidos tradicionales, dejó en una suerte de segunda escena a muchas mujeres que formaron su militancia feminista en dictadura,  y que vivieron un repliegue detrás de los grandes acuerdos y consensos de la primera línea masculina, que olvidó y desplazó los derechos sexuales y reproductivos como demanda activa y urgente.

En Chile el aborto es criminalizado. La evidente marca conservadora de los años de dictadura, con su ya conocido correlato de desarticulación social y eliminación de derechos básicos que lo erradicó de la salud pública, ponen en mayor relevancia la necesidad de construir consensos sociales en torno a la necesidad del aborto libre, que pueda superar la barrera de las tres causales que operan en la actualidad, y sobre todo puedan ir abriendo el camino de la reaceptación social de una realidad conocida. El aborto es una realidad, lo fue el “remedio” de antes, el misopostrol clandestino de hoy, son una realidad también los embarazos no deseados, las violaciones que en su mayoría se concentran en menores de edad y terminan en aborto, y el peso sobre la crianza y el cuidado que aún se posa mayoritariamente sobre el cuerpo de las mujeres.

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Imagen: Coordinadora Feminista 8M / Marcha 8 de Agosto / Santiago de Chile

Correr el cerco

Las organizaciones feministas que han tenido al aborto libre como lucha no han parado de trabajar durante todos estos años. Se manifiestan, elaboran campañas y realizan procesos autogestionados de acompañamiento legal, médico y social a mujeres que han decidido abortar, asumiendo la responsabilidad que el Estado evade al no cumplir con el resguardo de este derecho básico. Hoy, en el contexto de agudización de las luchas feministas y de la necesidad de profundizarlas, junto a la acumulación de fuerzas que supone que esta lucha se extienda y gane terreno por el continente, en Chile vuelve a sonar la demanda por el aborto libre, ya sea desde la calle y las organizaciones feministas y populares, como desde fuerzas políticas emergentes que tienen espacio en el Congreso. Esto no deja de ser una esperanza y también una responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de comprometer acciones y reflexiones en torno a una disputa feminista histórica, que no se deje apropiar por la neutralización y homogeneización de los cuerpos gestantes bajo la rúbrica de un feminismo despolitizado y sin una dirección que apunte en contra del sistema de dominación.

El camino, sin duda, ya ha sido emprendido, y lo interesante es tal vez poder ir aportando a las condiciones que permitan entender que en el escenario actual de mercantilización de los cuerpos y de la vida en general, es necesario atender y revisar las nociones que manejamos en torno a la libertad de decidir. Una disputa con el modelo neoliberal debe desplazar los conceptos que lo fundan, el cuerpo propio e individual debe ser puesto en tensión, en la medida en que represente un reducto único y el espacio de la fragmentación y desarticulación social. La lucha por el aborto libre es parte de correr el cerco de lo posible sobre la política a la que hemos asistido en los años de posdictadura y profundización neoliberal, y un proyecto de desmercantilización de la sociedad es también una recuperación de los cuerpos en un para sí que nunca es totalmente individual. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando invocamos la soberanía sobre nuestros cuerpos como bandera? ¿Un cuerpo bajo que parámetros sociales, culturales e ideológicos se ha permeado bajo estas ideas de soberanía o decisión? Sin duda, que hay una gran parte de la disputa por el aborto libre que es cultural en un sentido amplio, que no se agota en la idea de despenalización del aborto en particular, sino que se amplía a la manera en cómo recuperamos la posibilidad de habitar nuestros cuerpos y lo colectivo de otra forma. La tarea es construir grandes alianzas políticas que puedan coordinar y hacer efectiva la aprobación de una ley que se apruebe en el Congreso, pero también hemos de pensar en proyectos colectivos que recuperen un aspecto perdido y devastado por la política neoliberal: el reconocimiento de un espacio común, de un otro que, para el caso, es un cuerpo gestante que decide en términos no de su pura afirmación individual sino que de una alianza, un sentido de lo colectivo. Otro donde reconocerse. Planteado así puede sonar una tarea titánica, pero tal vez lo que este momento del/para el aborto libre indica es que se han vuelto a generar condiciones subjetivas y materiales que permiten darle lugar a estas ideas en algunos sectores de la sociedad, del mismo modo en que hace algunos años fue posible volver a imaginar una educación complementada con el significante gratuidad. Hoy hablamos también de una educación no sexista, y es clave anudar las luchas en función de sus memorias históricas y también de aquello que delineamos como posibilidad. Aún queda mucha desazón e incomodidad por organizar; de momento tenemos fuerzas que en lo público vuelven a instalar e imaginar la exigencia de un aborto libre, legal, seguro.

Demandar el aborto libre es doblar la apuesta, pues el feminismo corre siempre el riesgo de ser apropiado en la capacidad incesante del neoliberalismo de recuperar significantes y actuar a través de semejanzas. Dar continuidad a sus luchas y mantenerse firmes en la disputa cultural y política que significa no debiera perderse de nuestro horizonte. «Chile no está preparado» ha sido una traba que las izquierdas también han arrastrado, ya sea por el contagio del discurso hegemónico, como por la evidente desarticulación de grandes fuerzas sociales que permitan sostener los momentos de irrupción política. El movimiento feminista no es solo un ahora, los repliegues de la posdictadura no impidieron que organizaciones autónomas, colectivos feministas y disidencias siguieran día a día en la tarea de recuperar un sentido de necesidad y aceptación social sobre el aborto que en Chile existió y fue arrebatado. Este es el hilo que no hay que soltar.

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Imagen: Coordinadora Feminista 8M / Julio 2018 / Santiago de Chile

Karen Gavlic es Doctoranda en Filosofía, Universidad de Chile, Compiladora del libro «Aborto libre» que será publicado a fines del 2018 en Pólvora Editorial, Santiago-Chile

 

La polémica en torno al aborto y el derecho a la salud en México

Polvo de Gallina Negra (Maris Bustamante y Mónica Mayer) De la serie: ¡MADRES!

Intervención en la manifestación ante la recién fundada Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1990 en Ciudad de México. En la imagen se ve la pancarta “Si a la maternidad voluntaria” “No a la Guerra”. Desde el colectivo Polvo de Gallina Negra, Maris Bustamante y Mónica Mayer, desde su materindad voluntaria, postulaban la necesidad de que todas las mujeres pudieran decidir si querían o no tener hijos de manera libre y sin arriesgar su vida en abortos clandestinos.

 

Lucía Melgar y Susana Lerner

 

Los debates actuales en torno al aborto en México se desarrollan, desafortunadamente, bajo el embate de grupos conservadores y de tipo confesional, que se oponen al ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, en nombre de la “vida” del cigoto-embrión al que consideran “persona” mucho antes de haber nacido.  Los argumentos de estos grupos anti-derechos[i] se derivan todos básicamente de esta creencia, que les lleva a anteponer  supuestos derechos del cigoto-embrión a los de las mujeres, y a ignorar o pisotear los derechos humanos de éstas, incluyendo el derecho a la salud.

El derecho a la salud es un tema prácticamente ausente del discurso conservador.  Esto se debe, en parte, a su  estrecho concepto de lo que es la salud y el derecho a la salud y, en parte, a  que  suelen torcer los resultados de estudios científicos para “demostrar” que el aborto (en cualquier caso) provoca “trastornos mentales” y traumas, con lo que sesgan el debate hacia la “salud mental” en una visión reductora de ésta.  En cambio, ignoran el impacto del embarazo no deseado y no planeado en la salud física y psicológica de mujeres y niñas obligadas a llevarlo a término.

En este contexto, en un artículo previo que se retoma aquí,[ii] argumentamos  a favor del reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres como una consideración básica que sustenta la necesidad y legitimidad de la despenalización del aborto. Con base principalmente en un análisis previo de los argumentos expuestos en 2008 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de las controversias constitucionales contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal[iii], expondremos algunos contrastes entre los argumentos de quienes reconocen que el acceso al aborto legal y seguro forma parte del derecho a la salud, y quienes lo niegan.  Como se verá, los planteamientos de los grupos anti-derechos pasan por alto muchos aspectos de la condición de las mujeres de carne y hueso y distorsionan o dejan de lado principios científicos y legales.

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La importancia de los conceptos y el impacto de la prohibición del aborto legal y seguro

Cuando se refieren al aborto, los grupos anti-derechos suelen omitir una distinción crucial: la diferencia entre aborto clandestino e inseguro y aborto legal y seguro. Esta confusión, voluntaria e intencional, les permite atribuir toda clase de males al “aborto” sin tomar en cuenta que mientras que en el primero conlleva fuertes riesgos; en el segundo, éstos son mínimos. Por ello es importante subrayar que cuando se habla de despenalizar el aborto,  se hace referencia al aborto legal y seguro. Así mismo, el derecho al aborto remite al acceso a un aborto legal y seguro que, como prueban rigurosa y científicamente estudios internacionales, disminuye la morbi-mortalidad materna, a la que, en cambio, se exponen las mujeres que recurren a un aborto clandestino e inseguro.

Los efectos negativos de la prohibición o restricción del acceso al  aborto legal y seguro en la salud pueden observarse en las estadísticas internacionales que demuestran que la penalización del aborto aumenta los riesgos para la salud de las mujeres. También son contundentes en los casos de mujeres embarazadas, cuya vida y salud estaban en peligro y a quienes se obligó a continuar con el embarazo. Un ejemplo conocido es el de “Beatriz”, a quien la Corte Suprema salvadoreña negó en 2013 la posibilidad de aborto terapéutico aun cuando ella tenía lupus,  prolongar el embarazo ponía en  peligro su vida, y el feto era anencefálico (Dalton, 2013)[iv]. Otro ejemplo es “Amalia, a  quien se le negó el tratamiento contra el cáncer que necesitaba porque estaba embarazada y tampoco podía acceder al aborto terapéutico, penalizado en Nicaragua desde fines del 2006[v].

En México, aunque el marco legal contempla diversas causales que varían según los estados, en particular por violación o cuando peligran la vida y la salud de la mujer,  persisten prácticas que muestran un gran desprecio por el derecho a la salud de las mujeres. Un caso emblemático es el de Martha Patricia Martínez, que fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y  ésta no consideró  “importante y trascendente” (2016), aun cuando  en él se acumulaban violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 2015, la joven veracruzana acudió al IMSS por fuertes dolores de estómago. Ahí le diagnosticaron gastritis y le recetaron un tratamiento, que siguió. Unas semanas después, volvió para una revisión y en ese momento tuvo un aborto espontáneo. El personal médico llamó entonces al ministerio público y acusó a Patricia de haberse provocado el aborto. Ella, sin embargo, no sabía que estaba embarazada. Según el testimonio que ella misma dio en 2016 en un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el personal médico y el de justicia la humillaron y maltrataron. Entre otras agresiones, la obligaron a hacerle un entierro al que llamaban “su bebé” y la condenaron a someterse a “medidas educativas y de salud”, establecidas en el Código penal de Veracruz como castigo por el delito de aborto (art. 150, 2009), con lo cual se patologiza la decisión de abortar y se busca imponer una visión de la maternidad como obligación.  Además se castiga con cárcel a la mujer que reincide o se niega a someterse al “tratamiento”.

Patricia buscó asesoría legal y, gracias a la  asociación civil Las Libres de Guanajuato y al apoyo legal del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), denunció al personal médico negligente y a las autoridades judiciales  que atentaron contra sus derechos humanos. Uno de los argumentos legales en  su defensa es que la ley no se puede usar para “reeducar”; otro, que no se puede condenar a nadie por la negligencia de otros.

Cabe subrayar que en este caso dos instancias que estaban obligadas a proteger la salud y la integridad de Patricia, hicieron justo lo contrario. El personal médico no reconoció su negligencia, ni la violación a la intimidad de la paciente y al secreto profesional que cometía al recurrir al ministerio público. A su vez, las autoridades judiciales incurrieron en violaciones al proceso y, sobre todo, aplicaron una ley que conlleva una desigualdad básica: mientras que en la Ciudad de México  las mujeres pueden acceder a un aborto legal y seguro hasta las 12 semanas de gestación, en Veracruz se pretende convencerlas de que no querer tener un hijo – en cualquier circunstancia- es una desviación, e incluso se les castiga por abortos espontáneos, como en el caso de Patricia[vi].

Es lógico por tanto que se haya solicitado la alerta de violencia de género por “agravio comparado”[vii] para ese estado y que el grupo de trabajo que analizó dicha solicitud haya recomendado en 2017 que el Congreso veracruzano legisle para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, como en la Ciudad de México.

La resistencia de las autoridades y la presión del clero veracruzanos han impedido, sin embargo, esta reforma.  El Congreso no sólo se negó a legislar, ya declarada la AVG,  sino que, después de que organizaciones sociales ganaron dos amparos en julio de este año 2018, para obligarlo a legislar (interpuestos por “omisión legislativa”), optó por recurrir a una solicitud de revisión de amparo que llevará el caso ante la SCJN. Sería deseable que ésta corrija el error que cometió al desestimar el caso de Patricia y discuta el fondo del asunto que no es sólo si se puede obligar o no a un congreso local a reformar una ley[viii], sino si ese congreso tiene derecho a imponer criterios confesionales que violan la laicidad del Estado y si se puede seguir excluyendo a las mujeres del derecho a la salud mediante códigos y reformas constitucionales restrictivos.

La experiencia narrada por Patricia no es única, aunque su fortaleza y determinación para que se le haga justicia son excepcionales.  Sabemos de otras mujeres a las que se les niega el aborto legal, incluso en casos de violación, pese a que es la única causa por la que se permite la ILE en todo el país, y de niñas también violadas, cuya vida y salud, física y mental, se pone así en riesgo y se impone una forma de tortura. Estas leyes punitivas, lo mismo que la omisión, negligencia o complicidad de la profesión médica, atentan contra la salud y el derecho a la salud de las mexicanas. Cabe destacar que, según datos de la organización Las Libres, de Guanajuato,  desde 2001 casi cuatro mil mujeres han sido criminalizadas por haber abortado, acusadas de “homicidio agravado en razón de parentesco” y muchas condenadas, por ende,  a 20 o 30 años de prisión (Fregoso, 2018).

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Fotografía de Karla Flores / Marcha por la despenalización del aborto en AL del 28 de septiembre de 2009

Salud y salud pública

La salud no es sólo ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha definido  como “un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948, p. 84).  A lo cual se añade que la salud “es el grado en que un individuo o un grupo puede, por un lado, llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y, por el otro, cambiar el ambiente o relacionarse adecuadamente con él” (OMS, 1986).

Como advierte Jadad (2012), bajo el concepto tradicional de salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social”, nadie podría ser saludable, pues “cualquier malestar afectaría ese bienestar”. Propone, por eso, considerar la salud  como “la capacidad de las personas o de las comunidades para adaptarse a o para auto-gestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se le presentan en la vida”. Desde este concepto alternativo, las mujeres que recurren al aborto ante un embarazo no deseado, estarían optando por enfrentar esos desafíos. En el marco del debate acerca de la despenalización, importa entonces preguntar por las condiciones en que las mujeres desarrollan esa capacidad para recurrir al aborto cuando un embarazo no deseado afecta su vida y bienestar.

Como han planteado Lerner y Szasz (2003), bajo el paraguas de salud reproductiva no sólo se incorporan componentes directamente relacionados con el comportamiento sexual y reproductivo, tales como la práctica anticonceptiva, la esterilidad, el embarazo, parto y cáncer cérvico-uterino y de mama, entre otros. Además deben subrayarse las dimensiones relacionadas con los derechos humanos, en particular con los derechos sexuales y reproductivos, con la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y los hombres, las igualdades y equidades sociales y de género, y con las condiciones de acceso y calidad de los servicios de salud que garanticen el ejercicio de estos derechos.

Cuando se habla de salud pública, no cabe limitarse a la provisión de servicios de salud. Es necesario, en cambio, tomar en cuenta la dimensión pública de la salud y los aspectos físico, mental y social de ésta. Como plantea López Cervantes (1997), este concepto más amplio implica ir más allá del diseño y operación de programas de vigilancia y control y de una práctica administrativa acartonada y obsoleta de los servicios para adecuar los sistemas de salud a las necesidades de la población, reconociendo las ventajas y limitaciones de las intervenciones y ofreciendo servicios bajo criterios de equidad, efectividad y eficiencia.

Por otra parte, como ha planteado Didier Fassin  (2005) en el caso de Francia,  a diferencia de la medicina, que se orienta a tratar enfermedades y curar a los individuos, el principal objetivo de la salud pública debe ser preservar y promover la salud de una sociedad en el marco de las acciones públicas, de las políticas de salud, donde lo público es un bien común, entendido como la organización de vivir en conjunto en torno a valores compartidos y también con normas contradictorias y conflictivas. Desde esta perspectiva, la salud pública es una forma de gestión de la política de la salud, que busca dar a las personas las condiciones necesarias para hacerse responsables y controlar su propia salud, y los medios para mejorarla, para satisfacer sus necesidades y llevar a cabo sus proyectos de vida.

En lo que se refiere a la terminación del embarazo, situarla en el contexto del derecho a la salud y como asunto de salud pública implica entonces plantearla como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Implica también tomar en cuenta su dimensión social, además de la individual, y subrayar la necesidad de que existan condiciones reales que permitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin presiones como las que imponen los marcos legales restrictivos o la estigmatización social. Para ello deben tomarse en cuenta las desigualdades sociales que impiden, por ejemplo, que las mujeres con menos recursos puedan acceder a un aborto seguro  porque viven bajo marcos legales restrictivos o porque personal de salud negligente les niega este acceso, sin tomar en cuenta las causales legales.

Afirmar entonces que el aborto es un problema de salud pública es reivindicar el derecho a un aborto legal y seguro para todas las mujeres, que debe complementarse con un amplio acceso a la información necesaria para prevenir embarazos no deseados y no planeados. Asimismo, es necesario subrayar que el Estado -y la sociedad-  tiene la obligación de garantizar tanto el acceso al aborto seguro como a la educación sexual y los métodos anticonceptivos, y cabría añadir, de contrarrestar la estigmatización social del aborto promovida por sectores conservadores, y la Iglesia católica en particular.

Derecho a la salud versus defensa del cigoto

En la revisión que hicimos  en el libro Realidades y falacias en torno al aborto, acerca de los argumentos presentados en 2008 ante la Suprema Corte de Justicia por personas y grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, notamos una clara diferencia entre los primeros y los segundos. Éstos, como adelantamos, prácticamente no hablaron de salud ni reconocieron este derecho. Menos aún consideraron el sentido amplio de “salud pública”. En gran medida esto se debe a que ven la salud como un asunto privado, como si sólo el individuo tuviera responsabilidad sobre su salud (lo que implicaría que cada quien tuviera toda la información necesaria para decidir y el medio ambiente, las carencias y demás factores “externos”, no tuvieran impacto alguno).  Entre los primeros grupos, en cambio, sí se argumentó desde el derecho a la salud y desde un concepto de salud pública que implica una responsabilidad social y estatal.  Vale la pena contrastar algunos de estos argumentos para ilustrar los términos de la discusión y señalar las limitaciones de la visión conservadora que, como veremos, no toma en cuenta la experiencia de las mujeres.

En lo que se refiere, por ejemplo, al derecho a la salud, quienes apoyaban la despenalización del aborto plantearon que, en el marco de un Estado laico, el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho y del acceso al aborto como un derecho, implica garantizar derechos como “la libertad […] e incluso la vida” (MCM en Lerner, Guillaume, Melgar, 2016, p. 277)[ix]. Varios ponentes destacaron que penalizar el aborto transgrede el principio de igualdad pues discrimina a las mujeres de bajos recursos que, según una voz pro derechos, “no pueden pagar abortos ilegales caros y bien practicados” (GDC en Lerner et al., 2016, p.  279).

Los opositores a la despenalización en cambio, no sólo negaron que el acceso al aborto es un derecho sino que acusaron al gobierno del Distrito Federal de promoverlo como “método anticonceptivo” (Lerner et al., p.  293), y adujeron que su despenalización demostraba el “fracaso de los métodos de planificación familiar y de la educación sexual” (Lerner et al., 2016, p. 294), al mismo tiempo que afirmaban que ésta promovía un ejercicio temprano de la sexualidad.

Este tipo de argumentos son contradictorios y erróneos pero corresponden a una visión negativa de la sexualidad y de la educación sexual, que suele manifestarse cada vez que se debate el derecho al aborto legal.  Los conservadores rechazan las campañas de educación sexual, como si ésta no impartiera  conocimientos científicos acerca  del  cuerpo y la sexualidad para promover prácticas responsables sino, por el contrario, incitara a la exploración de la sexualidad.  A la vez afirman que permitir el aborto es promoverlo, lo cual es una falacia pues  ni el gobierno ni quienes apoyan  la despenalización han planteado en modo alguno que  éste sea o se establezca como medio para controlar la natalidad.

Como señalaron diversas voces que defendieron la despenalización y en palabras de una de ellas, “cuando el acceso a interrumpir un embarazo se ofrece junto con servicios de anticoncepción y educación sexual preventiva, se logra disminuir, a mediano plazo, la tasa de abortos inducidos” (Lerner et al., 2016, p. 287).  La educación sexual, además, busca fomentar “la maternidad y paternidad responsables, en el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas” (Lerner et al., 2016, p. 288).

En contraste, los voceros anti-derechos reiteraron que  el derecho de las mujeres a la libre elección de la maternidad no se puede anteponer al “derecho a la vida” del cigoto-embrión.  El predominio de éste se deriva de un concepto de la  vida humana que no distingue entre las distintas etapas de la gestación y se sintetiza en el argumento principal de este grupo: la llamada “defensa de la vida”.  La vida que aquí se defiende es la del cigoto-embrión, e incluso la del conjunto de células  que se unen en la fecundación, con lo cual se rechaza el aborto en cualquier etapa tachándolo de “asesinato”. Este argumento, recurrente,  volvió a  esgrimirse en las discusiones acerca de la Constitución de la Ciudad de México en enero de 2017 y ha sido enarbolado por voceros de la organización anti-derechos Frente Nacional por la Familia que organizó manifestaciones públicas en 2017 a las que asistieron no sólo representantes del clero católico y cristiano sino también algunos funcionarios estatales, pese a que así violaban el artículo 40 constitucional.

Además de estos argumentos conocidos y que hoy siguen usando, los voceros conservadores (en su mayoría, hombres), demostraron hace ya diez años un escaso conocimiento del sentido de la salud pública o expusieron una visión neoliberal de la salud que básicamente excluye lo público o lo mide en términos monetarios. Así por ejemplo, plantearon que el Estado que permite y garantiza el aborto es “paternalista” pues exime de sus obligaciones al hombre y la mujer, sin explicar si se referían a la prevención del embarazo (lo cual se opone al rechazo conservador de la educación sexual y de los métodos anticonceptivos modernos) o a alguna supuesta obligación de paternidad o maternidad para hombres y mujeres.  Afirmaron también que, en vez de destinar recursos a los derechos sexuales y reproductivos, se deberían invertir en mejorar las instalaciones, como si esto bastara para mejorar la salud.  También pasaron por alto los costos económicos y sociales que representan las secuelas de abortos inseguros, para las mujeres y para los propios hospitales públicos (Lerner et al., 2016, pp.261-272).

En contraste, quienes apoyaban la despenalización destacaron los efectos nocivos de la estigmatización, criminalización y maltrato a las mujeres que abortan. Condenaron la victimización que esto supone, señalaron los efectos perniciosos de la culpa que pretenden imponerles preceptos de corte confesional o de rechazo social,  y  subrayaron la revictimización que implica  perseguir legalmente a mujeres y niñas por ejercer el derecho a la autonomía y la elección libre de la maternidad. También insistieron en las consecuencias negativas de la penalización del aborto, como los riesgos que conlleva el aborto clandestino e inseguro para la salud y la vida de las mujeres,  y  los efectos negativos  de la falta de acceso real a una educación sexual científica y laica y a métodos anticonceptivos modernos. Estas deficiencias afectan sobre todo la vida y la salud de adolescentes y mujeres que viven en condiciones de marginalidad y pobreza y sobre todo obstruyen el derecho de toda mujer   a decidir “el número y espaciamiento de los hijos” que garantiza el artículo 4to. constitucional (Lerner et al., 2016, pp. 257-260).

En el marco de la discusión sobre salud y salud pública, otro argumento para limitar los derechos de las mujeres, enunciado entonces y que hoy se sigue difundiendo con ahínco, es el derecho a la objeción de conciencia de  médicos y enfermeras (que algunos amplían a todo el personal hospitalario) . Tras la reforma  de 2007, la Ley de Salud del D.F. estipula que se respeta ese derecho  de médicos y enfermeras en lo individual pero que las instituciones de salud deben garantizar que haya personal suficiente para llevar a cabo los procedimientos de aborto, puesto que a ellas corresponde la obligación de ofrecerlos.

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Fotografía de Karla Flores / Marcha por la despenalización del aborto en AL del 28 de septiembre de 2009

No obstante la claridad de la Ley, los voceros anti-derechos acusaron al gobierno de no respetar la objeción de conciencia,  “violentándose su derecho a negarse a ello [el aborto] por razones de conciencia, so pena de ser sancionando administrativamente por la ley de la materia”, como afirmara EMM (Lerner, Guillaume, Melgar, 2016, p. 299), lo cual es falso. Para defender esta posición  también  interpretaron en sentido estrecho el juramento hipocrático, planteando que el médico debe curar y no matar y que “nadie estudia medicina para dedicarse a los abortos”  en palabras de MPCM (Lerner, Guillaume, Melgar, 2016, p. 299), afirmación  evidente que, sin embargo, no excluye que pueda practicarlos si es necesario. Aunque este juramento se ha interpretado de manera diversa a lo largo del tiempo, por ejemplo desde la bioética, la interpretación conservadora reduce su sentido porque  equipara el aborto con un asesinato. De nuevo, esto remite a la ausencia de distinción entre cigoto-embrión, feto, y nacido/a, confusión mediante la cual atribuyen la condición de persona (nacida viva) y sus derechos al producto desde la fecundación o la concepción.

A diez años de esta discusión, la objeción de conciencia se ha ampliado en la Ley General de Salud, ya que en diciembre de 2017 el congreso federal  aprobó una reforma promovida por el Partido Encuentro Social, de base evangélica, para garantizar este “derecho” al personal médico, incluyendo el de enfermería. El que este partido se haya aliado con Morena, partido que ganó ampliamente las elecciones del 1ero de julio, y que vaya a tener más de 40 escaños en el próximo congreso  augura una fuerte batalla por los derechos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos, en los próximos años.[x]

Es significativo que en el contexto médico, los defensores de la objeción de conciencia no se preocuparan, ni se preocupen, por la violación de la intimidad de la paciente y del secreto profesional que lleva a cabo el personal médico cuando rompe la confidencialidad para denunciar a las mujeres que acuden a  las instituciones de salud a consecuencia de abortos clandestinos o incluso por abortos espontáneos, como en el caso de Patricia en Veracruz. Esta falta de interés por la ética, se prolonga en reiterados llamados al ejercicio de la objeción de conciencia entre el personal  médico e incluso del personal más amplio de los hospitales, por parte de grupos conservadores o religiosos.

La visión anti-derechos pasa por alto la experiencia y las condiciones de vida de las mujeres, las consecuencias de un embarazo no deseado, los costos de los abortos inseguros y de la muerte materna bajo marcos restrictivos, así como la manipulación de la objeción de conciencia que reduce el acceso al aborto seguro en los hospitales públicos y pone en cuestión la ética médica, sobre todo cuando hay personal médico que se niega a practicar abortos en éstos pero los lleva a cabo en clínicas privadas a altos costos. Por ello llama la atención el énfasis que los voceros anti-derechos ponen en las mujeres cuando apelan a  supuestos efectos nocivos del aborto (legal o ilegal) en la salud mental de éstas.

La salud mental y el “síndrome post-aborto”

Los usos y abusos de la ciencia sobre  la salud mental en el discurso anti-derechos incluyen numerosas referencias a estudios limitados, muchas veces sesgados, o cuyas conclusiones en realidad no corresponden a las que sus intérpretes les atribuyen.  Así, por ejemplo, aluden como autoridad a estudios que no toman en cuenta la salud mental previa de las mujeres, ni sus condiciones de vida, ni la violencia de género que han podido sufrir antes, ni desde luego el impacto que puede tener en su vida y su salud emocional el embarazo no deseado o no intencional  y el dar a luz y tener que criar a un hijo o hija más.

Al aborto (sin especificar su tipo) le atribuyen depresión, mayor consumo de alcohol y drogas, y hablan de un “síndrome post-aborto”  que reúne síntomas como depresión, insomnio, ataques de pánico, pesadillas, etc., que se atreven a atribuir a la OMS ( Lerner et al., 2016, p. 308).  De hecho no hay correlación directa en los  estudios científicos entre el aborto legal y seguro y la depresión o una mayor tendencia a las adicciones. En cambio, se puede plantear que la estigmatización del aborto y, sobre todo, el someterse a los riesgos que implica el aborto clandestino e inseguro afectan a las mujeres,  quienes pueden sentir culpa, miedo, y desde luego sufrir un trauma por la situación en que llevan a cabo el aborto.

Por otra parte, el “síndrome post-aborto” es una falacia y atribuirlo a la OMS una falsedad ya que ésta habla de estrés post-traumático después de cualquier intervención quirúrgica, no sólo en el caso del aborto.  La Asociación Psiquiátrica Americana (APA)  tampoco valida dicho síndrome.

Además de torcer los estudios científicos para arroparse en la autoridad de la ciencia, con este tipo de argumentos los voceros anti-derechos configuran a las mujeres que deciden abortar a la vez como criminales en potencia y como menores de edad a las que habría que tutelar.  Se les considera culpables por recurrir al aborto y, en consecuencia, se les advierte, que pagarán esa culpa con traumas, depresión y/o adicciones. Junto con esa lógica que las criminaliza, apegada al concepto de pecado que ha de expiarse, se despliega un razonamiento paternalista según el cual las mujeres que recurren al aborto no saben lo que hacen o no conocen sus riesgos (que ellos exageran). Por ello, pretenden advertirles las consecuencias, negativas siempre, de llevarlo a cabo en cualquier circunstancia y cualesquiera que sean sus motivos. Ambos razonamientos sitúan a las mujeres en una posición de subordinación y les niegan la capacidad de decidir lo que es mejor para ellas en un momento determinado, negación que, paradójicamente, va de la mano con el rechazo a crear condiciones de aborto seguras con la despenalización de éste.

Desde esta perspectiva,  la defensa del derecho al aborto legal y seguro también  es importante para contribuir a la  salud mental de las mujeres puesto que les permite  1) no llevar a término un embarazo no deseado, y no someterse a lo que equivale a tortura, sobre todo en casos de incesto o violación, 2) no tener un hijo o hija no deseado, que en muchos casos puede agravar una situación económica precaria o una situación familiar y social  violenta o difícil, 3) sentirse capaces de tomar decisiones, 4) ejercer así su derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros hechos que reducen el trauma o las dificultades que puede acarrear una decisión difícil en una familia o una sociedad en que se estigmatiza o criminaliza el aborto.

Hay que añadir en este sentido que, si el aborto es una decisión difícil y a veces traumática, no se debe sólo a restricciones legales sino también al peso de la tradición que exalta la maternidad o la presenta como destino de la mujer, a los prejuicios sociales contra quienes abortan o no tienen hijos, al maltrato del personal médico, y desde luego, bajo marcos restrictivos, al riesgo que implica recurrir a un procedimiento clandestino,  inseguro, costoso,  llevado a cabo en condiciones anti-higiénicas y con frecuencia por individuos insensibles y hasta crueles o abusadores. El aborto es “un último recurso” pero no tiene por qué, como tal, ser una experiencia dolorosa y traumática.

Actualmente está en curso una novedosa investigación sobre salud mental y aborto en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el primero en su tipo en México. La investigadora principal, Luciana Ramos Lira, ha dado a conocer algunos hallazgos iniciales que demuestran que, lejos de trastornar a las mujeres, cuando es legal, el aborto contribuye a su bienestar (60.5% estaba muy segura de haber tomado la mejor decisión) y que lo que afecta negativamente a las mujeres, incluso en ese caso, es el estigma social así como haber tenido una historia previa de problemas de salud mental (Bonilla, 2018).

Como hemos expuesto  a través de los argumentos anti-derechos  del 2008 analizados,  que prevalecen una década después, la equiparación del cigoto-embrión con el nacido vivo y su encumbramiento como “persona”, que le atribuye todos los derechos, empezando por un incuestionable derecho a la vida, invisibilizan -para ignorarlos y justificar su negación- los derechos, la salud y hasta la propia existencia de la mujer, por no hablar de su experiencia.  Esta visión del no nacido y de las mujeres no sólo obstruye el ejercicio del derecho a la salud de éstas; contribuye también a construir o perpetuar una imagen y un concepto de ellas y de la maternidad que incide de manera negativa en el imaginario social y favorece las prácticas paternalistas o violentas en el personal de salud y de justicia.

La mujer-receptáculo y la “autonomía” del embrión

La falta de conciencia crítica y de solidaridad ante la marginalidad  y la pobreza de miles de mujeres que tienen que recurrir a abortos inseguros o ante el sufrimiento físico y mental de niñas y mujeres víctimas de violación o incesto a quienes se niega el derecho, garantizado por la ley[xi], a terminar su embarazo, es sólo uno de los factores que explican el rechazo conservador a la despenalización. Éste se justifica, como se ha dicho, a partir de la afirmación de que el cigoto-embrión es vida humana plena y “persona”, dogma sin base científica, que se encuadra además en una visión patriarcal que disminuye a la mujer al grado de la cosificación y la negación.

Así sea brevemente, vale la pena detenerse en algunas intervenciones de voceros anti-derechos que llaman la atención  por las imágenes del cigoto-embrión y de la mujer que construyen.[xii] Estas imágenes visuales corresponden conceptualmente a una separación de la mujer embarazada y del cigoto-embrión-feto que llega hasta atribuirle a éste independencia y autonomía. Así, por ejemplo, hay quien alude a la fecundación in vitro y a la maternidad subrogada para afirmar que el embrión “también tiene independencia” e incluso que “es quien elabora su propio hábitat y manipula hormonalmente el organismo materno para suspender la menstruación y comenzar la gravidez” (Lerner et al., 2016, p.  350).  La atribución de este poder desmesurado sería risible si no supusiera la disminución y subordinación de la mujer y no fuera un despropósito en términos científicos.

Pese a su absurdo, este tipo de imágenes sirven para independizar conceptual y visualmente al cigoto-embrión del cuerpo de la madre que, según convenga, se proyecta como receptáculo sujeto a los caprichos de aquél, como contenedor útil pero desechable, o como hábitat necesario que la mujer debe cuidar so pena de culpa moral o criminal. Así por ejemplo, en el debate del 2008 se comparó el útero con “la cápsula espacial” de la que el embrión (como el astronauta) se podía desprender, aunque a la vez estuviera “bajo la protección de la madre” (Lerner et al., 2016, pp. 176-177).

Estos argumentos tienden sobre todo a oponerse a la ponderación de derechos o a descalificar la despenalización del aborto en general, pero pertenecen también al arsenal con que se niega que el aborto legal y seguro forme parte integrante del derecho a la salud de las mujeres. Si el cigoto-embrión-feto es un ser autónomo y la mujer se reduce a un receptáculo, se justifica que, para salvar la vida del embrión-feto, se deseche lo que se concibe como envase intercambiable. Se pretenden justificar también prácticas anti-éticas como negar el aborto y el tratamiento médico a una mujer con cáncer o  mantenerla “en vida” vegetativa aunque se le haya declarado muerte cerebral, con tal de sostener el “hábitat” del feto, como sucedió en Irlanda.[xiii] Estas prácticas, vigentes en diversos países, anteponen la “obligación de salvar la vida” del no nacido al derecho de las mujeres a la salud y a una vida digna, y en los hechos atentan contra ellas.

Aun en casos menos extremos, esta misma imagen de  independencia y autonomía, revestida incluso de omnipotencia patriarcal, busca equiparar la calidad humana y de “persona” del cigoto-embrión-feto y de la mujer, de modo que ésta no pueda decidir sobre su cuerpo ya que la “vida” de ese ser “autónomo” se antepone a su derecho a la libertad y la autonomía. Esta lógica puede llegar al extremo de afirmar, como dijera un vocero anti-derechos, que, así como “la mujer no puede disponer del cuerpo de su hermano”, tampoco puede “disponer” de  “su hijo” (Lerner et al., 2016, p.  349), aberrante comparación que ilustra la falta de lógica y racionalidad a que pueden llevar los argumentos lineales, autoritarios y desde luego misóginos.

 Defender el aborto como derecho a la salud

¿Qué podemos proponer a partir de la revisión de los argumentos en torno al aborto y el derecho a la salud  presentados en 2008 y la persistencia de un discurso conservador misógino diez años después, no sólo en México sino también en los países latinoamericanos en que las mujeres hoy luchan por ampliar sus derechos? ¿Qué medidas integrales se pueden plantear?

En primer término,  importa subrayar que la preservación de la laicidad en el Estado, las leyes y la educación, es condición fundamental para garantizar los derechos de las mujeres y en particular su derecho a la salud, su salud sexual y reproductiva, física, mental y social, en la letra y en la práctica. Sin educación sexual y sin acceso a los anticonceptivos, aumenta la incidencia de embarazos no deseados y, por ende, la  de abortos inseguros. El peso de la religión en países como Chile o Argentina ha frenado los avances de las luchas de las mujeres. México, que desde mediados del siglo XIX rompió formalmente con la subordinación del Estado a la iglesia, católica está viviendo regresiones que amenazan la autonomía de las mujeres y la laicidad de las políticas públicas.

Es preciso también retomar y destacar la experiencia de las mujeres, en su diversidad: para cualquier mujer es difícil enfrentar un embarazo no deseado y el dilema de terminarlo o continuarlo. Para las mujeres de escasos recursos, con menos libertades; para las menores embarazadas por incesto, ignorancia o falta de prevención; para las mujeres violadas, con parejas irresponsables o violentas o familias conservadoras, optar por el aborto es más difícil y doloroso o traumático si no hay un acceso efectivo a un procedimiento seguro y legal, gratuito o accesible para todas.

Prohibir o limitar el aborto  y seguir criminalizándolo o estigmatizándolo, sólo aumenta los riesgos de muerte materna, de trastornos en la salud física y mental. El aborto inseguro es un problema de salud pública que afecta a millones de mujeres en el mundo y como tal debe enfrentarse en México y en América Latina.

Desde la salud pública, el Estado tiene por tanto la obligación de garantizar no sólo el aborto legal y seguro sino también los medios para prevenirlo: educación sexual laica y científica, métodos anticonceptivos modernos e información adecuada para saber usarlos. Y más allá, una política educativa y de salud que busque disminuir las desigualdades sociales y la desigualdad de género.

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Fotografía de Karla Flores / Marcha por la despenalización del aborto en AL del 28 de septiembre de 2009

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El Dictamen (2016). “Veracruz protege vida desde concepción”, 24 agosto.

Disponible en: http://eldictamen.mx/2016/08/boca-ver/veracruz-protege-la-vida-desde-concepcion/

Fregoso, Juliana (2018).  “En 17 años y tres meses, 3900 mujeres fueron criminalizadas por haber abortado en México”, infobae.com, 30 de julio 2018. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2018/07/30/en-17-anos-y-tres-meses-3-900-mujeres-fueron-criminalizadas-por-haber-abortado-en-mexico/

Nájar, Alberto (2016). “¡Bésalo, pídele perdón! ¡Tú lo mataste!”: el drama de las 700 mujeres presas por aborto en México, muchas veces espontáneo”, BBC noticias,  25 de julio. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36863185

Whyte, L.  (2014). “Clinically Dead Irish Woman Kept Alive Against Family’s Wishes so Fetus can Survive”. Vice News , Dec. 19.  Disponible en: https://news.vice.com/article/clinically-dead-irish-woman-kept-alive-against-familys-wishes-so-fetus-can-survive

Notas:

[i] Les llamamos anti-derechos por su oposición a los derechos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos. Llamarlos “pro-vida” implica dejar que se apropien del sentido del “derecho a la vida”, limitado por ellos a la vida del cigoto-embrión.

[ii] La mayor parte de este texto retoma literalmente el de un artículo colaborativo anterior (Aborto legal y derecho a la salud) en que participó también Agnes Guillaume. Para esta publicación se actualizaron datos y ampliamos algunos temas, por ello este texto es sólo nuestra responsabilidad.

[iii] Para un análisis más amplio de estos argumentos, véase nuestro libro Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos (El Colegio de México, IRD, 2016), en que se basa este texto.

[iv] Tras una cesárea, el feto murió.

[v] Este caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinó que se le  otorgaran medidas cautelares a “Amalia” y que el Estado nicaragüense debía darle acceso al tratamiento que necesitaba ( Aguiluz, 2010)

[vi] Hay que añadir que, pese al escándalo que provocó el caso de Patricia, el Congreso veracruzano aprobó en agosto de 2016 una iniciativa de ley del gobernador para incluir en la Constitución estatal “la protección de la vida desde la concepción” y castigar el aborto con 15 años de cárcel. Ésta se promulgó ante jerarcas de diversas religiones, lo que atentó doblemente contra la laicidad del Estado, consagrada en el artículo 40 de la Constitución mexicana (El Dictamen, s/f,  4 agosto 2016).

 

[vii] La alerta de violencia de género es una medida urgente que puede solicitar una ONG o una institución como la comisión de derechos humanos para que desde el gobierno federal se analice un aumento de la violencia feminicida o,  cuando se pide por agravio comparado, una situación en que las mujeres de una localidad, en este caso Veracruz, tengan menos derechos que las mujeres de otros lugares. Esta figura está inscrita en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

[viii] México es una república federal y uno de los argumentos para declarar constitucional la despenalización del aborto en 2008  fue que el congreso capitalino tenía facultades para legislar sobre asuntos de salud.

[ix] Las citas de argumentos planteados provienen de  Realidades y falacias (2016) que,  a su vez, las toma de los libros La vida ante la Corte (2008), donde se reunieron ponencias contra la despenalización del aborto,  y Despenalización del aborto en la Ciudad de México (2008) donde se reunieron ponencias y otros textos a favor de la despenalización. Las iniciales corresponden a los de cada ponente  tal como aparecen en nuestro libro.

[x] La futura ministra de Gobernación (interior), Olga Sánchez Cordero, ha declarado que es necesario despenalizar el aborto en todo el país, pero habrá que ver si representa una corriente significativa en el nuevo gobierno.  Lo más probable es que las organizaciones de mujeres tengan que movilizarse como lo han hecho antes.

[xi] La causal de aborto por violación es la única vigente en todos los estados del país. Sin embargo todavía se niega a muchas mujeres y niñas, incluso en casos de incesto y abuso sexual infantil donde la víctima tiene 9 o 10 años y el embarazo pone en innegable peligro su vida y su salud. El caso Paulina de 2000, a partir del cual se establece la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), es sólo un ejemplo de la negación de derechos que padecen niñas y mujeres que demandan un aborto legal.

[xii] La investigadora Emanuela Borzacchiello ha señalado y analizado la importancia de la representación visual del embrión que han permitido los ultrasonidos.

[xiii] En Irlanda existía una cláusula constitucional que establecía la protección de la vida desde la concepción. Esto resultó en prácticas médicas guiadas por el temor a infringir la ley y no por el bienestar de sus pacientes. Una nota sobre el caso de esta mujer con muerte cerebral a quien se mantuvo en vida contra la voluntad de su familia, puede leerse en Whyte, 2014. Afortunadamente, el referéndum sobre el aborto, ganado en mayo de este año 2018  por una mayoría pro-derechos (66.4%),  ha transformado la situación legal de las irlandesas ante el aborto (véase de Freytas-Tamura, 2018).

 

# 8A Fight for abortion in Argentina

On March 6, 2018, in Argentina, the bill for the Voluntary Interruption of Pregnancy proposed by the National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion took concrete shape for the first time, promulgated for 13 years in the framework of a struggle that has lasted more than three decades. A historical, heterogeneous and vigorous movement of women, lesbians, trans-people and anti-patriarchal men, has taken the streets in an immense green wave to make their claim visible, achieving today an unprecedented political transversality, bottom-up, with great protagonism of the younger generations. This movement is strengthened in an Argentina that is today under a government of the right wing that applies neoliberal policies precarizing the lives of the most vulnerable sectors of the population, especially those of women. After months of discussion (15 days, 724 expositions during deputies commissions) the project presented – which decriminalizes abortion in the 14th week, opposes the objection of conscience of health institutions and promotes the public production of misoprostol – had a half sanction in the Chamber of Deputies.For it to become law, the half-sanction of the Upper Chamber is still lacking, where the parliamentary debate reached high levels of controversy between those who support the law and the conservative positions, opposed to all scientific evidence and to the paradigm of rights enshrined by the international organizations of some of the exposed arguments.

Argentina’s Senate will vote on Abortion Bill on August 8th.

# 8A everyone to the streets to demand Legal, Safe, and Free Abortion!

#8A Lucha por el derecho al Aborto en Argentina

 

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El 6 de marzo de 2018 tomó estado parlamentario, por primera vez, el proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que impulsa la promulgación de la ley desde hace 13 años. Aunque la Argentina está hoy bajo un Gobierno de derecha neoliberal que precariza las vidas de los sectores más vulnerables de la población y, en especial, las de las mujeres, un histórico, heterogéneo y vigoroso movimiento de mujeres, lesbianas, personas trans y varones anti-patriarcales, se ha tomado las calles en una inmensa marea verde para hacer visible el reclamo, logrando una transversalidad política inédita, desde abajo hacia arriba, con gran protagonismo de las generaciones más jóvenes. Luego de meses de discusión (15 jornadas, 724 exposiciones ante diputados y diputadas de las comisiones) el proyecto presentado –que despenaliza el aborto en la semana 14, se opone a la objeción de conciencia de instituciones de salud y promueve la producción pública de misoprostol– tuvo media sanción en la cámara de diputados. Para que se convierta en Ley, todavía falta la media sanción de la Cámara Alta, en donde el debate parlamentario alcanzó altos niveles de controversia entre entre quienes apoyan la ley y los sectores conservadores, opuestos a toda evidencia científica y al paradigma de derechos consagrado por los organismos internacionales de algunos de los argumentos expuestos. 

EL 8 de Agosto, se debate el proyecto de ley en la cámara del Senado. 

¡EL #8A todxs a la calle para exigir ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO! 

 

Escuchen el murmullo de esta revolución

lagranola

En el marco de las luchas del movimiento feminista latinoamericano por el aborto libre, desde la RedCSur compartimos aquí la intervención en el Congreso de la Nación Argentina de Nayla Vacarezza, socióloga e investigadora argentina que se ha especializado en los cruces entre arte y activismos por el derecho al aborto. 

3 de mayo de 2018

Es un orgullo para mí tomar la palabra en este debate histórico como parte de quienes apoyan la despenalización y legalización del aborto. La pluralidad de nuestras voces es una muestra del carácter profundamente democrático de este movimiento, que ha madurado sus argumentos en décadas de lucha política, de esfuerzo intelectual y de debate público en los más diversos foros.

Como Doctora en Ciencias Sociales y como investigadora del CONICET me dedico al estudio de la experiencia social del aborto y a la reflexión acerca del rol de los afectos y de las emociones en este debate público.

En el libro La intemperie y lo intempestivo. Experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones (Marea, 2011), que escribimos junto con July Chaneton, presentamos los resultados de una investigación colectiva sobre la experiencia social del aborto que fue apoyada por la Universidad de Buenos Aires, donde ambas trabajamos como docentes e investigadoras.

Allí nos preguntamos por los efectos sociales de la clandestinidad del aborto y decimos que el Código Penal no impide que los abortos se realicen, sino que favorece una situación de clandestinidad donde prosperan múltiples formas de humillación para quienes abortan. El miedo, la incertidumbre y los malos tratos que favorece la intemperie de la clandestinidad resultan incompatibles con el respeto a la dignidad de las personas con capacidad de gestar.

Advertimos que la clandestinidad protege un negocio que esquilma económicamente a todas las personas que necesitan abortar a la vez que profundiza sus desigualdades sociales. Con los mismos billetes de moneda nacional se pagan los blancos camisolines de los consultorios de Recoleta, las pastillas de misoprostol, las sondas y el perejil. Pero, en un mercado fuertemente segmentado por clase social, solo acceden a prácticas seguras quienes tienen suficientes recursos económicos y socioculturales. Para quienes tienen menor disponibilidad de recursos, el proceso tiende a ser comparativamente más largo, más penoso y, sobre todo, más inseguro. Por eso, decimos que todos los principios de igualdad y de justicia propios de una democracia se hacen trizas en la clandestinidad.

Escuchar de manera atenta las voces que provienen de la experiencia social del aborto permite avanzar en un debate encarnado, que no se limite a la discusión acerca de preceptos morales, de aspectos legales y de cifras que pueden volverse abstractas.

Las voces de quienes abortan refutan la creencia de que las únicas reacciones posibles frente a un embarazo son la felicidad sin fisuras o la abnegación de quien acepta su función en un orden ya establecido. Esas ideas preconcebidas solo pueden ser defendidas por quienes no tienen la empatía suficiente para comprender por qué un test de embarazo positivo puede desatar un mar de lágrimas y angustia. Ese orden moralista de sentimientos tampoco puede explicar por qué hay tantas que no aceptan la maternidad como un destino ni se arrepienten de sus decisiones. En este punto se hace necesario recordar que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Estadounidense de Psiquiatría han validado el uso de categorías diagnósticas que colocan al aborto como una experiencia traumática con consecuencias negativas para la salud mental.

En Argentina asistimos a una transformación profunda del panorama de las luchas democráticas por el derecho al aborto. Una demanda de décadas ganó nuevo impulso en 2005 con el surgimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que instaló definitivamente el tema como un asunto de interés público. Desde 2009, la línea Más Información Menos Riegos, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto comenzó a difundir ampliamente información confiable sobre uso de misoprostol. Poco tiempo después, las socorristas articularon una red federal de acompañamiento de abortos que trabaja mancomunadamente con profesionales de la salud que actúan desde un paradigma de derechos.

Estas y otras numerosas acciones dieron paso y ayudaron a amplificar otras formas de sentir con respecto al aborto que hasta hace poco tiempo carecían de expresión pública. Las lesbianas comenzaron a hablar del aborto con orgullo. Y porque este movimiento está muy cerca de quienes necesitan abortar, pudimos comenzar a hablar de la fortaleza y de la tenacidad necesarias para procurar un aborto en condiciones de clandestinidad. También comenzamos a hacer audibles las voces de quienes abortaron y no se arrepienten ni piden disculpas. Hasta hace poco era muy difícil decir en voz alta cuánto se desea un aborto cuando un embarazo es inoportuno. Médicos y médicas empiezan a hablar del alivio y el agradecimiento que sienten sus pacientes cuando pueden acceder a abortos legales. El secreto, la soledad y el miedo se van resquebrajando lentamente gracias a las historias cotidianas de solidaridad, de apoyo y de acompañamiento socorrista en situaciones de aborto. Ahora sabemos que nos tenemos entre nosotras para cuidarnos y para compartir decisiones que son difíciles. Porque la decisión de abortar no es fácil ni se toma a la ligera. Solo quienes pretenden continuar tutelando las vidas ajenas y nos niegan el estatus de persona humana pueden sospechar del carácter reflexivo y responsable de estas decisiones. Señoras y señores diputados, no necesitamos que ningún comité de expertos custodie nuestras decisiones.

Los pánicos morales que buscan instalar quienes se oponen a este derecho no expresan otra cosa que un profundo desprecio a nuestra autonomía moral, a nuestros cuerpos y a nuestras vidas. Nosotras, en cambio, hemos aprendido a contestar colectivamente al orden social que nos aísla con el secreto, que nos debilita con la culpa y que nos paraliza con el miedo. Hemos llorado públicaente a las muertas en abortos clandestinos y hemos expresado nuestra indignación en las calles. En este camino nos hicimos más fuertes, pero no dejamos de ser vulnerables. Aprendimos a hablar desde la fragilidad, pero no necesitamos colocarnos como víctimas. Demandamos el reconocimiento pleno de nuestra dignidad y de nuestra calidad de personas humanas. Pedimos que la lengua racional del derecho se contamine con nuestras experiencias y nuestras formas de sentir. Legisladores y legisladoras, escuchen el murmullo de esta revolución, tienen la oportunidad histórica de saldar una enorme deuda de nuestra la democracia. Voten a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

Imágenes: Mela Rebalsa

 

LAOLA

El Contexto Histórico del Señor Matanza

SEÑOR MATANZA[1]

El mundo no te quiere. Colombia tampoco.

convivir

Contexto histórico del Señor Matanza en Colombia

Para entender el difícil momento que Colombia vive hoy, de cara a las elecciones presidenciales el domingo 27 de mayo del 2018, es necesario hacer un breve recorrido por la historia que no cuentan (la historia de los de abajo). Colombia vive un conflicto social casi desde su fundación como país. La exclusión social, el racismo y el enriquecimiento de unxs pocxs sometiendo a la mayoría ha sido lo que ha prevalecido. Para entender este conflicto tenemos que conocer la historia, pero la historia también es un ejercicio de poder. Por esto hay que conocer la historia subalterna, la historia que ayude a quitar esa lente que ha deformado los hechos durante décadas y que hoy se manifiesta en forma de medios masivos de comunicación.

La historia que no cuentan los medios, sí la cuentan otras personas valientes, aquí una de ellas: este pequeño resumen se basa en el informe que el padre Javier Giraldo S.J.[2] realizó para la Comisión Histórica sobre el Origen del Conflicto y sus Víctimas[3], en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la antes guerrilla armada de las FARC-EP. Giraldo sitúa los orígenes de nuestro conflicto en el abuso de las élites sobre la población, empobreciéndola, sometiéndola y generando una violencia que ha cobrado muchísimas víctimas. El autor centra el problema en la desigual repartición de la tierra y las políticas que se han creado para el despojo territorial, las cuales se han sofisticado mientras pasan los años, hasta el punto del financiamiento de la violencia para conseguir tierras, despojando mediante masacres.

El problema de la falta de acceso a la tierra, que suple tres de las necesidades básicas: vivienda, trabajo y alimentación, ha sido el detonante principal del conflicto colombiano. Éste se inicia en la época Republicana, con la adjudicación de terrenos baldíos para unos pocos, amparados en leyes que convertían la tierra en propiedades individuales, mercantilizables. A partir de ello, se despojó a lxs indígenas de sus resguardos, convirtiéndoles en trabajadores, aparceros, arrendatarios, peones etc. En el periodo de 1880 a 1925 los colonos luchan pacíficamente y de forma legal, reclamando ante las autoridades por el abuso de los terratenientes, pero pierden. Antes de 1920, indígenas liderados por Manuel Quintín Lame se rebelan y dejan de pagar obligaciones impuestas sobre sus tierras usurpadas. Invaden partes no cultivadas de haciendas, pero son perseguidos, torturados y criminalizados. En 1936, la ley 200 de tierras, que buscaba limitar las propiedades excesivas e improductivas, así como las formas atrasadas de explotación del trabajo, tuvo el efecto contrario sobre los terratenientes, quienes expulsaron a los campesinos de las haciendas. Esto provocó un éxodo de campesinos a las ciudades, ya en las décadas de los 30 y 40,

la lucha por la tierra se vio entreverada y agravada por los odios partidistas, por la ideología anticomunista que impera en el gobierno y los partidos que lo controlan, incentivada por la Guerra Civil Española, por la incidencia y control cada vez más intenso de los Estados Unidos que arrastra al país a alinderarse de manera militante en la Guerra Fría, por el influjo simultáneo del Falangismo Franquista en algunos líderes políticos, y por la fuerza de la cruzada ideológica de la Iglesia Católica, de innegable influjo en uno de los partidos, contra el socialismo, el comunismo y el liberalismo. Sin embargo, entre tantos factores de violencia que se entrecruzan, el factor más objetivo, si se analizan las condiciones reales de vida de las gentes, y el que finalmente se proyecta en insurrección armada clasista, es el problema del acceso a la tierra[4].

Las muertes, los desplazamientos y las parcelas abandonadas son más intensas en la época llamada “La violencia” (1948-1966), lo que está estrechamente vinculado a la aparición en 1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo. Desde los años cincuenta, frente a las disputas por la tierra y el abuso de los hacendados amparadxs por los gobiernos de turno, lxs campesinos comienzan a organizarse para resistir a quienes los perseguían, torturaban, criminalizaban, expropiaban y estigmatizaban mediáticamente con el nombre de “repúblicas independientes”. Estas organizaciones son ferozmente atacadas por el ejército ese año, en la invasión militar a Marquetalia, uno de los errores más infames cometidos por la clase dirigente colombiana, que dio origen al movimiento guerrillero alzado en armas FARC-EP. Posteriormente surgen otros movimientos armados, ELN, EPL, y su género de lucha se justifica expresamente “en la imposibilidad de buscar reformas por vías legales o actividades políticas legales”[5].

En enero de 1974 aparece también como estructura insurgente el Movimiento 19 de Abril M-19, justificando su lucha en el fraude electoral del 19 de abril de 1970, el cual les habría demostrado a sus integrantes que las elecciones no son el camino para obtener el poder. El asesinato de 50 personas que participaban en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 reveló la existencia de otra estructura armada denominada Autodefensa Obrera ADO-. Este grupo tomó retaliación por esas muertes asesinando al que era Ministro de Gobierno. Ya en los años 80 aparecieron nuevas estructuras insurgentes, entre ellas la de origen indígena o Comando Quintín Lame, el cual justificó su lucha como respuesta a la brutalidad de las acciones militares contra las recuperaciones de tierras de los resguardos y en el asesinado del sacerdote indígena Álvaro Ulcué, reconocido líder de la etnia Nasa[6].

En la década del sesenta se complejiza el escenario a partir del auge del narcotráfico, que hace que Estados Unidos monitoree el conflicto y lo oriente a una guerra contrainsurgente, mientras la guerrilla y los cocaleros convergen en su lucha en contra del estado. La insurgencia se financia del narcotráfico con la figura de impuestos por gramaje, poniendo cierto orden en las regiones, a conformidad con las comunidades. En los años 70 se articulan migraciones que ocupan baldíos con grupos insurgentes para establecer cultivos de uso ilícito. Cuando se fusiona el narcotráfico con el paramilitarismo, esto es, a partir de los años 80, las masacres, los despojos masivos de la población y la usurpación de tierra hasta el presente no cesa. El fenómeno paramilitar, como proyecto de estado, tiene una escalada sin precedentes desde los años 80.

Pero el paramilitarismo no nace en los años 80 a la sombra del narcotráfico como comúnmente se dice; comienza con dinámicas contrainsurgentes comandadas por Estados Unidos desde los años 60. El fenómeno quiso ser ilegalizado constitucionalmente en 1989 en el gobierno de Barco, pero luego, rápidamente, fue legalizado en diferentes procesos desde el 1994 hasta el 2005, y además se creó una red de informantes y cooperantes que actúa hasta hoy en el territorio nacional.

Las relaciones del Estado y la sociedad se deterioran al no haber garantías de cumplimiento de los derechos básicos y de convivencia. De esta forma, miles de líderxs sociales y defensorxs de derechos humanos son asesinadxs, quedando en la absoluta impunidad. Las necesidades básicas se han visto afectadas desde siempre por el problema de la tierra: vivienda, alimentación y trabajo, de las cuales se desprende el problema de la salud y la educación. Las necesidades de convivencia: información, participación y protección son las más vulneradas, pues el impacto que esto ha tenido en la sociedad colombiana se expresa en que miles de líderxs han sido sacrificados, mientras luchar por la justicia se convierte en un riesgo de vida. Se excluye social y políticamente a quienes se resisten y luchan, hay una corrupción enorme del aparato electoral y la verdad es absolutamente cooptada por conglomerados económicos, políticos y sociales, que manipulan la opinión mediante los medios de información masiva, reproduciendo y fomentando una aversión visceral a cualquier forma de disidencia o rebelión.

Ante toda esta injusticia, y el desamparo casi absoluto del Estado hacia las personas que están sometidas, que además son la mayoría, es necesario reivindicar el derecho a la rebelión. El Padre Giraldo le da un piso jurídico al derecho a la rebelión, legitimado en momentos importantes de la historia humana. En las independencias, la declaración de los derechos del hombre, la revolución francesa y en la declaración universal de los derechos humanos aparece como algo determinante para que los otros derechos tengan consistencia. Este derecho se fue transformando por presiones políticas con audiencia en las Naciones Unidas y desapareció del marco jurídico universal, convirtiéndose en terrorismo.

plazas

[1] El Señor Matanza es toda esa red de políticos, medios de desinformación masiva, grupos económicos que financian la violencia,  el hambre y la pobreza.

[2] El padre jesuita Javier Giraldo es una de las personas más respetadas en Colombia por convertirse en la voz de la gente vulnerada, uno de los defensores de DDHH más valientes en nuestro país desde su apuesta política como sacerdote y ciudadano, que se condensa en la Teología de la Liberación, fuertemente perseguida por la iglesia católica. De cara a la corrupción del aparato judicial colombiano, decide utilizar las herramientas judiciales para denunciar el exceso de las fuerzas militares sobre las comunidades y las  irregularidades de los grupos al margen de la ley, en especial, a los grupos paramilitares www.javiergiraldo.org. Las palabras vida y obra de Camilo Torres Restrepo en 1965, son el detonante de su opción de vida por la lucha por la verdad, por trabajar para generar un cambio real en las estructuras de la sociedad y por la justicia, pero es a comienzos de los 80, cuando se alían paramilitares con narcotraficantes en magdalena medio colombiano, que comienza su labor y asume la dirección del Centro de Investigación Popular Programa por la Paz CINEP-PPP http://www.cinep.org.co/, fundación que trabaja para la sistematización de información relacionada con el conflicto armado, la paz, las luchas sociales y la protección de los derechos humanos integrales. Con ayuda de testigxs, crea el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política https://www.nocheyniebla.org, que recopila información no judicializada sobre los crímenes hacia campesinos, defensores de derechos humanos, y militantes de la unión patriótica. Con ayuda de representantes de la religión católica y defensores de derechos humanos, funda la CIJP (comisión intercongregacional de justicia y paz) cuyo objetivo fue visitar regiones  que fueron escenario de masacres para salvaguardar la memoria de las víctimas y hacerla conocer. La comunidad de paz de San José de Apartadó http://www.cdpsanjose.org/, creada en 1997, se convirtió en una de sus principales luchas, una población campesina que se declara neutral frente al conflicto armado y rechaza la presencia de todos los grupos armados en su territorio.

[3] Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf

[4] Javier Giraldo Moreno S. J.  APORTES SOBRE EL ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, SU PERSISTENCIA Y SUS IMPACTOS, en, Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015, p 420-21

[5] Giraldo, Ibíd. P. 16

[6] Giraldo Ibíd.  P. 17

Señor Matanza. Acción ante las próximas elecciones en Colombia

Difundimos la propuesta de activación de un colectivo de personas y artistas que desde Colombia, están convocando a intervenir en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. El candidato presidencial con mayor posibilidad de salir electo es Iván Duque (aliado del ex-presidente Álvaro Uribe), quien además, realizó una larga carrera en organismos de Washington y trabajó casi una década en el BID. Esto no sólo implica el avance aún más brutal de las políticas neoliberales y la puesta en riesgo de los acuerdos de paz, si no una concentración de poderes inédito hasta ahora en Colombia, ante la propuesta del uribismo de crear una corte que unifique los seis tribunales judiciales existentes, lo que implica una fuerte intervención al poder judicial poniendo en serio peligro su autonomía. Hoy en Colombia uno de los principales obstáculos para la implementación del acuerdo de paz está siendo el asesinato de líderes sociales. Entre el 2016 y el 2018 se han identificado 261 crímenes (https://www.nodal.am/2018/05/261-asesinatos-de-lideres-desde-2016-colombia-presenta-balance-sobre-situacion-de-derechos-humanos-ante-la-onu/).

Ante este escenario difundimos la convocatoria para llamar a una acción que consiste en salir al espacio público a bailar de modo grotesco el tema “Señor Matanza” (cuya letra anticipa y hace lúcida referencia a la situación actual colombiana) y repartir memes que aluden ala situación política actual, como una estrategia para manifestar el descontento en el espacio público, apelando a un recurso cotidiano de la sociedad colombiana como el baile, como un modo de protección a la hora de ocupar la calle, en un contexto de fuerte persecución a las izquierdas y disidencias.FP

señor matanza

 

Para más información sobre el contexto histórico Colombiano ver aquí: https://redcsur.net/es/2018/05/15/el-contexto-historico-del-senor-matanza