“Picos rojos”

RedCSur con “picos rojos” fue un acción colectiva de solidaridad con el movimiento feminista y contra la criminalización de la protesta en Nicaragua. La idea de labios pintados como signo de protesta surgió a inicios de octubre de la respuesta de una activista en un centro de detención en Managua. Ante la pregunta de a qué organización pertenecían, la socióloga y feminista Marlen Chow constituyó en el momento mismo de su respuesta una “Asociación de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo”, convirtiendo el lápiz labial en herramienta de politización. Ese gesto constituyente se propagó de inmediato por redes y espacios públicos en los que “picos (labios) rojos” empezaron a significar una posibilidad de rebelión –desafiante, feminista, queer– en un contexto de represión sistemática por parte del régimen de Ortega-Murillo.

Agitar la gráfica en la calle

En octubre de 2018 se dio la confluencia de dos acontecimientos que fortalecieron la reflexión y acción de las experiencias colectivas entre las prácticas artísticas, el agite militante de grupos del activismo y la interpelación política del espacio público.

Uno, fue la muestra colectiva de afiches Resistencias Tipográficas IV en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC, Buenos Aires) con artistas que vienen trabajando la palabra desde la tipografía, permitiendo pensar un ámbito de encuentro, discusión y afectividad en la acción a través de la gráfica, conjugando distintas proveniencias y tradiciones en el oficio, con el fin de encontrarse y reconocerse con otros en medio de la feroz vorágine del actual gobierno neoliberal.

Y dos, fue el Encuentro por los 10 años de la Red de Conceptualismos del Sur (RedCSur) con más de treinta investigadorxs y activistas de América Latina y Europa, con el fin de repensar lo realizado en estos años y los próximos desafíos imaginados a través de la idea-fuerza: “Saberes insumisos, ecologías de la acción: futuros emergentes”.

El viernes 26 de octubre, luego de la charla pública en el CCC donde se presentaron los avances del proyecto “Giro Gráfico” con algunxs integrantes de la RedCSur, la propuesta fue salir a la calle junto a lxs artistas a pegatinear los afiches que estaban en la muestra, y otros que se fueron sumando para potenciar la acción con rodillos, pinceles y tachos de engrudo. Fuimos más de cincuenta artistas, investigadorxs y activistas con afiches en mano interpelando los sentidos expresados en la calle. La pegatina conjunta activó la palabra gráfica urgente entendiendo que para enfrentar las políticas del neoliberalismo la acción poético-política se construye a los gritos y luchando con alegría, como dicen los afiches: “La belleza está en las calles” y “La belleza es nuestra”.

Juan Pablo Pérez

Múltiple Romero. Muestralibro homenaje a Juan Carlos Romero

Presentación realizada en diciembre 2018 en La Tribu FM

Juan Carlos Romero fue un artista lúcido y comprometido que supo articular de manera poderosa los ámbitos del arte y la política. Archivista, militante, docente incansable, curador, editor de numerosas publicaciones de arte correo y poesía visual, “artista grupal” e impulsor de múltiples proyectos colectivos, Romero hizo de su práctica un territorio múltiple de activación poética y crítica desde donde incidir políticamente en el presente, en la apuesta por transformarlo. Organizó su archivo convencido de que no se trataba solo de guardar y conservar documentos, sino, sobre todo, de compartirlos y disponerlos para otrxs. El archivo le interesaba en su potencia insurgente, en su posibilidad de contribuir a la construcción de una memoria agitativa y rebelde.

La “muestralibro” fue uno de los muchos dispositivos colectivos que Romero proyectó y movilizó, como organizador y participante. Muestra gráfica colaborativa a la vez que publicación en fotocopias, suerte de archivo afectivo ambulante y artefacto expositivo que podía desplegarse en cualquier espacio, la “muestralibro” se articulaba como trama móvil que traicionaba los protocolos del sistema del arte y hacía pulsar, en la circulación descentrada y multiplicada de su cuerpo heterogéneo de imágenes y textos, una red de complicidades afectivas y políticas.

Sea esta muestralibro Múltiple Romero una apuesta por reactivar esas complicidades que Juan Carlos contribuyó a articular y sostener en los diversos proyectos que llevó a cabo con tantos otrxs artistas, como homenaje y abrazo colectivos a nuestro querido e imprescindible amigo.

Fernando Davis

Artistas participantes: Alejandra Bocquel, Alejandro Thornton, Adrián Levy, Amalia Pérez Molek, Ana Erman, Ana Longoni, Ana Maldonado, Andrea Cárdenas, Andrea Trotta, Andrés Garavelli, Ariadna Pastorini, Carlos Pamparana, Carolina Andreetti, Carolina Golder, Claudio Mangifesta, Clemente Padín, Corda-Doberti, Cristina Piffer, Daniel Oberti, Débora Kirnos, Diana Dowek, El Teatrito Rioplatense de Entidades, Elena Lucca, Escombros, Félix Torrez, Fernando Davis, Franc Paredes, G.R.A.S.A., Gabriel Sasiambarrena, Gabriel Serulnicoff, GAC, Gonzalo Crespo, Gustavo Larsen, Gustavo Lowry, Hilda Paz, Horacio Zabala, Hugo Masoero, Hugo Vidal, Iconoclasistas, Ivana Vollaro, Javier Del Olmo, Javier Sobrino, Jorge Pereira, José Luis Meirás, Juan Pablo Pérez, Las Esmeraldas, Laura Andreoni, Laura Kuperman, Leo Ramos, Leonello Zambon, Lucrecia Urbano, Luis Espinosa, Luis Felipe Noé, Luis Pazos, Luján Funes, Mabel Burel, Mabel Rubli, Mabel Temporelli, Marcelo Lo Pinto, María Rosa Andreotti, Milagro Torreblanca, M.O.C. (Museo del Objeto Contemporáneo), Mónica Christiansen, Natalia Revale, Norberto José Martínez, Pablo Drincovich, Paula Doberti, Paula Ferraresi, Pelusa Borthwick, Raquel Masci, Red Conceptualismos del Sur, Ricardo Roux, Roxana Villarino, Silvana Gerlo, Silvina Morris, Virginia Corda, Viviana Barletta.

Ante la grave noticia de la venta al exterior del Archivo de artistas Juan Carlos Romero

Gráfica de Lucía Bianchi y Silvana Castro en repudio a la venta del Archivo Romero enero 2019

Hoy, a comienzos de enero de 2019, nos hacemos eco de la alarmante noticia de que el Archivo del artista Juan Carlos Romero (1931-2017) ha sido vendido a una colección privada de arte latinoamericano situada en Nueva York,  por decisión de sus herederos (la viuda y los hijos de Romero) y a través de gestiones realizadas por el galerista Ricardo Ocampo. Esto implica que el archivo quedará privatizado, clausurado, sustraído del acceso público y deslocalizado del lugar donde fue constituido, por la porfiada, lúcida, persistente pasión de Juan Carlos Romero, quien durante toda su vida defendió la condición pública y abierta de su archivo. En un contexto en que las políticas de preservación, de cuidado y valoración de la documentación artística y política se encuentran en condiciones de precarización, abandono y desinversión, este descomunal y valiosísimo acervo, es mucho más que el archivo personal de un artista y de su obra, es un generoso e inigualable cúmulo de registros de las prácticas artístico-políticas y de la cultura material de una fracción importante del siglo XX en Argentina y América Latina. El archivo de Juan Carlos Romero es tremendamente relevante no solo para la historia del arte argentino, sino para la historia política, sindical y cultural del país. Incluye fondos documentales como la colección de afiches políticos argentinos y latinoamericanos, el fondo sobre el CAYC, sobre aspectos de la cultura popular (el mate, el tango, la muerte), o el fondo de folletos sindicales, que largamente exceden los límites del arte.

En un país como la Argentina, atravesado por una feroz crisis económica basada en el endeudamiento, evasión de capitales y expoliación generalizadas, repudiamos la fuga de  bienes comunes y capitales simbólicos. Buscamos que la gestión del capital económico, pero también cultural, afectivo, político, desarme la codificación entre lo público y lo privado para configurar situadamente, una política de lo común. Hoy, las formas de atesoramiento y acumulación no son solamente las de las grandes instituciones del norte global que buscan enriquecer colonialmente su patrimonio. Sino también las de mercenarios cuyo fin es encontrar un rendimiento a estos acervos, pues su radar es la especulación económica y simbólica, una brújula menos predecible, más difícil de rastrear y verificar.    

Desde la Red Conceptualismos del Sur trabajamos comprometidamente junto a Juan Carlos Romero, durante años, en la puesta en acceso público e institucionalización del Archivo Juan Carlos Romero a través de la constitución de una Asociación Civil, y sabemos que su deseo expreso era que su Archivo no se disgregara sino que se constituyera en un acervo de acceso abierto situado en la Argentina. Así, el Archivo Juan Carlos Romero fue un proyecto prioritario dentro de la política de archivos que la RedCSur viene impulsando en diversos puntos de América Latina, como el archivo de Clemente Padín en Montevideo o el archivo CADA en Santiago de Chile, por mencionar dos ejemplos. Esta alianza se remonta al Segundo Encuentro de la RedCSur (Centro Cultural Parque de España, Rosario, octubre de 2008), cuando Juan Carlos Romero fue invitado a presentar su archivo y se formalizó en el año 2011, cuando la RedCSur comenzó a trabajar formalmente en la constitución de la Asociación Civil que sentó las bases del archivo, y en el inventariado y mudanza de objetos y documentos a la sede que el propio Juan Carlos destinó a ese fin. Continuando con un trabajo de experimentación institucional, la propuesta fue crear una alianza de trabajo común junto a otras instituciones, tales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que se integraron al proyecto cuando en 2014 se formalizó un convenio de colaboración cuatripartito (entre la Asociación Civil Juan Carlos Romero Archivo de Artistas, la Red Conceptualismos del Sur, el MNCARS y la UNTREF), a fin de crear una iniciativa conjunta que permitiera impulsar un marco de resguardo, preservación y activación del archivo basado en un acuerdo ético: la defensa de la integridad del archivo, su condición pública y accesible, su localización en el contexto donde ocurrieron las prácticas de las que da cuenta. En 2014 se inauguró la sede de la Asociación Civil Juan Carlos Romero Archivo de Artistas en Santiago del Estero 443, Ciudad de Buenos Aires, destinada a albergar el archivo y a constituirse en espacio de consulta e investigación. A diferencia de otras iniciativas de archivos impulsadas por la RedCSur, el Archivo Romero contaba con un espacio propio, lo que hacía posible que las distintas instituciones involucradas en el proyecto no lo absorbieran o lo subsumieran a su lógica de funcionamiento (y, por lo tanto, a sus criterios particulares de catalogación, inventario y sistematización del material, entre otras cuestiones), sino que se respetaran las lógicas emanadas por el propio archivo. Esto abrió la posibilidad de que el Archivo Romero se planteara como una experiencia única para ensayar proyectos con mayor autonomía institucional y se llegó a proponer el alojamiento de los archivos de otros artistas en su sede, una apuesta, incluso, presente en el mismo nombre de la Asociación Civil Juan Carlos Romero, que se presenta como un “Archivo de Artistas”. Durante estos años, la RedCSur trabajó, además, en la catalogación y puesta en acceso de distintas zonas del Archivo Romero, entre ellas, la Colección de Gráfica Política (compuesta por más de 2000 afiches y disponible en: http://archivosenuso.org/romero/cronologico) y parte de su Archivo personal.

Hacemos un llamado a la comunidad artística y cultural, a las distintas iniciativas de archivo, a las instituciones artísticas y universidades, a la sociedad civil, a pronunciarse y repudiar la venta y privatización del Archivo Juan Carlos Romero, dado que este valiosísimo patrimonio público queda en manos particulares, deslocalizado, inscripto en la lógica de una “colección de arte” y sujeto a la dispersión y a la inaccesibilidad.

Exigimos a los responsables de la venta del Archivo Juan Carlos Romero que se hagan públicas las condiciones de venta de un acervo del que, a la fecha, no existe un inventario completo. El archivo fue retirado de la casa de Santiago del Estero donde estaba radicado.  Necesitamos saber dónde se encuentra, cuál es su actual estado de preservación, si ha sido mantenido como cuerpo indivisible, tal como se estableció desde la Asociación Civil que lo resguardó durante los últimos años.

Apelamos a la  intervención del Estado Argentino por la vía de la protección del patrimonio cultural, para que asegure la radicación del archivo en el país. A la vez, hacemos un llamado a instituciones y archivos públicos que vienen disputando el terreno de la memoria y la cultura de izquierdas, más allá de los gobiernos de turno, para generar condiciones de institucionalidad que permitan acoger el archivo y reclamar su constitución como acervo público.

Proponemos que el archivo Juan Carlos Romero sea declarado patrimonio cultural, considerando su importante valor documental en relación con los procesos políticos y artísticos del siglo XX en Argentina y América Latina. Asimismo, nos comprometemos desde la RedCSur a colaborar activamente en:

  1. Continuar los procesos de catalogación/digitalización de zonas del archivo y su socialización a través del sitio web archivos en uso.
  2. Gestionar fondos para sostener proyectos sobre el archivo este tiempo de transición hasta que se logre su institucionalización en Argentina.
  3. Constituir el relanzamiento de la asociación civil “Archivo de Artistas Juan Carlos Romero” que acompañe y vele por la inalienabilidad del archivo, su preservación y socialización, favoreciendo su inscripción local.

Encuentro 10 años RedCSur: Saberes insumisos, ecologías de la acción y futuros emergentes.

Entre el 23 y el 27 de octubre del 2018 llevamos a cabo un encuentro presencial para conmemorar los 10 años de la RedCSur desde su creación en el año 2007, cuando un grupo de investigadores de América Latina se encontraron en el seminario “Vivid Radical memory. Radical Conceptual Art revisited. A social and political perspective from the East and the South”, organizado por Antoni Mercader en el museo MACBA en Barcelona. En esos momentos estos investigadorxs compartían la preocupación y necesidad de intervenir políticamente en los pasos de neutralización de una serie de prácticas político-artísticas que tuvieron lugar en los años 60 en América Latina.

Desde ese entonces, hemos pasado por una serie de procesos donde hemos visto el incremento, no solo de nuevxs miembrxs (que ya son casi un cuarentenal en varios puntos del mundo), sino que también de los alcances de nuestra actividad en el arte, las relaciones con las instituciones y las acciones políticas que se han desarrollado a través de manifiestos, intervenciones públicas, exposiciones, seminarios y publicaciones. Además del trabajo continuo en la conformación y activación de archivos con el fin de preservarlos y socializarlos bajo diversos modos de uso: en el seno de las instituciones, a través de investigaciones y de su consulta en línea.

Nuestros modos de hacer no dejan de estar exentos de dudas y misterios para ojos ajenos. No es evidente que la red haya llegado a alzar una única voz colectiva, que ha modo de un organismo viviente se desplaza colectivamente – no sin contradicciones y desacuerdos internos – motivada por un mismo afán: aquel que fue el gatillante de su fundación.

Como células independientes, la división en nodos de trabajo y proyectos transversales que toman acuerdos en reuniones virtuales (principalmente por medio chats), se han realizado también una serie de encuentros presenciales donde se han discutido los modos de funcionamiento colectivo. Dos encuentros fueron realizados en 2008, a poco tiempo de formada la RedCSur. El primero llamado Conceitualismos du Sul/ Sur organizado en el MAC USP, San Pablo, Brasil y el segundo en Rosario al cumplirse 40 años de “Tucuman arde”. Estos primeros encuentros fueron instancias de puesta en discusión y comienzo de elaboración de una gramática común. Hubo un tercer encuentro en Chile en el 2009 llamado “Memorias y Archivos: categorías modernizadoras, repercusiones y disidencias posibles en los ‘Conceptualismos del Sur’”. Desde entonces y tras un caudal de trabajo donde se socializaron numerosos archivos, se realizaron exposiciones y publicaciones colectivas, organizamos un cuarto encuentro llamado “Saberes insumisos, ecologías de la acción, futuros emergentes”, que propuso como punto de partida: detenerse, interrogar y explorar trayectos recorridos, modos de hacer y de actuar que se han ido delineando a través de estos 10 años. Un reposicionamiento de la red surge en este encuentro, bajo un nuevo marco histórico-político a encarar con los aprendizajes de nuestra historia, para construir otros saberes insumisos, potenciar ecologías de acción comunes y esbozar otros futuros dentro de aquellos emergentes.

En este encuentro nos reunimos 35 integrantes que, en muchos casos, nos vimos por primera vez luego de haber trabajado juntxs innumerables veces. Los lazos que se generaron entre nosotrxs permitieron movilizar discusiones con más fuerza y actualizar ciertos parámetros que no habían podido ser discutidos con esta intensidad y desmesura. Activando y abriendo, se pusieron en debate los siguientes temas: la declaración instituyente, los hitos más importantes de nuestra historia, la revisión por nuestros modos de hacer y la reflexión de determinados ejes de discusión política como el racismo, el neoconservadurismo, el neoextractivismos, la perspectivas feministas y disidencias sexo genéricas, el poscolonialismo y las políticas de la memoria, que nos posiciona en un presente crítico donde no queremos dejar de pensarnos en la acción y la investigación como un agente político. Más aún cuando el encuentro se desarrolló bajo la atmósfera de los días previos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde salió electo Bolsonaro.

Junto al temple de los debates, tuvimos la oportunidad de reunirnos a serigrafiar, de salir a la calle para una pegatina masiva, luego de un encuentro sobre el proyecto de exposición “El Giro Gráfico” y de sumarnos a la protesta de picos rojos en Nicaragua. Así el encuentro se desarrolló como un laboratorio de pensamiento político en torno a ecologías de acción internas y externas que se proyectó en una apuesta colectiva por resistir el presente e imaginar otros futuros a construir juntxs.

Lanzamiento de Revista Punto de Fuga

El próximo jueves 29 de noviembre en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, se presenta el número 19 de la Revista Punto de Fuga realizado por estudiantes de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, visibiliza los resultados de la residencia de investigación convocada en el marco de la exposición Poner el cuerpo. Llamamientos de arte y política en los años ochenta en América Latina (2016), curada por Paulina Varas y Javiera Manzi.

Archivo Graciela Carnevale

Se encuentra disponible en la web archivosenuso.org el Archivo Graciela Carnevale, con documentos digitalizados y su correspondiente descripción y contextualización, organizados en diversas colecciones, referentes a acciones y períodos como: las del Ciclo de Arte Experimental y otras acciones artísticas (1965-1968); Tucumán Arde (1968), acción llevada a cabo por artistas de Rosario y Buenos Aires nucleados bajo el nombre de Grupo de Artistas de Vanguardia; los Encuentros de artistas latinoamericanos y FADAR (1972-1973), alusivo a diferentes encuentros y eventos colectivos llevados a cabo en distintos países a principios de los años 70, fundamentalmente en Chile y Cuba; y, por último, la colección Ezeiza (1973), consistente en documentación sobre un proyecto audiovisual realizado por algunos de los integrantes del Grupo de Artistas de Vanguardia a partir de la masacre de Ezeiza, el 20 de julio de 1973.

Se puede acceder al archivo a través del siguiente link:

https://goo.gl/szxtxQ

Ejemplar original de la oblea diseñada por Juan Pablo Renzi para “Tucumán Arde” que devino el logo de la obra, 1968.

Saberes insumisos, ecologías de la acción, futuros emergentes. Encuentro 10 años de la RedCsur

A sus diez años de vida, la Red Conceptualismos del Sur realiza su cuarta reunión presencial reuniendo a 35 de sus integrantes en la ciudad de Buenos Aires entre los días 23 y 27 de octubre de 2018.

Flyer 1 RedCSur sabado final

Además de las jornadas de trabajo interno, el día viernes 26 de octubre a las 19:00 horas en el Centro cultural de la cooperación, se realiza la charla pública “Giro Gráfico”, una investigación en curso de la RedCSur, que reúne y pone en relación un conjunto de iniciativas gráficas impulsadas por productores visuales, artistas y colectivos (integrados o no por artistas), que transforman radicalmente su modo de hacer, su lenguaje y su circulación a partir del impacto que produce determinado acontecimiento político, las urgencias que el contexto desata.

El proyecto es coordinado por: Ana Longoni (Argentina), Tamara Díaz Bringas (Cuba-España) y André Mesquita (Brasil).

Y en la mesa pública participarán las investigadoras Sol Henaro (México), Sylvia Suárez (Colombia) y Paulina Varas (Chile).

http://www.centrocultural.coop/eventos/grafica-politica-una-investigacion-en-curso

Flyer Charla RedCSur en el CCC.

 

A verdade do estupro nos serviços de aborto legal no Brasil

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Fotografía: Heloisa Adegas. Intervenciones performáticas durante la Audiencia Pública de la ADPF 442, cuando se discutió la descriminalización del aborto, en el Superior Tribunal Federal, Brasília, agosto de 2018

Debora Diniz

Vanessa Canabarro Dios

 Miryam Mastrella

 Alberto Pereira Madeiro

O aborto legal no Brasil

“Aborto legal” é uma expressão brasileira para descrever a ambiguidade do marco punitivo e de políticas públicas. O aborto é tipificado como crime contra a vida pelo Código Penal de 1940; uma mulher que o provoque em si mesma (aborto provocado) será punida com prisão 1. Ao mesmo tempo em que o Código Penal determina regime de castigo tão severo, reconhece exceções em que o aborto não deve ser punido – quando a gravidez for resultante de estupro e quando a vida da mulher estiver em risco. Um mesmo ato é ou não punível a depender de seus moduladores para o regime de causalidade: no estupro, a mulher é uma vítima de violência; no risco de vida, a mulher é vítima de doença. Mais recentemente, em novo permissivo para o aborto por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 2, entendeu-se que, em caso de anencefalia, não há crime contra a vida, pois o feto não sobrevive ao parto. As três exceções punitivas têm em comum a construção moral da mulher como vítima – seja da violência patriarcal, seja do acaso da natureza.

A centralidade da figura da mulher como vítima movimenta as políticas públicas de saúde que regulamentam os serviços de aborto legal no Brasil. Durante longo período, disputou-se a quem caberia a descrição de uma mulher como vítima de estupro: se a ela mesma, como testemunha da violência sofrida, ou se à polícia, com registros de documentos investigativos, como é o caso do Boletim de Ocorrência (BO). O texto do Código Penal estabeleceu a ausência de punição, mas não especificou como reconhecer a verdade do estupro ou do risco de vida da mulher 1. Para o segundo excludente de punibilidade, os regimes de saber médicos rapidamente organizaram práticas e rotinas de laudo e arquivo para demarcar as fronteiras entre risco à saúde e risco à vida da mulher. Foi sobre o primeiro excludente, o estupro, que a disputa moral ganhou fôlego no Brasil 3-5.

Em 1999, o Ministério da Saúde (MS) editou documento para regulamentar os serviços de aborto legal no país – a norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Este foi o primeiro texto em que se especificou o silêncio deixado pelo Código Penal sobre como estabelecer a verdade do estupro no caso da exceção punitiva para o aborto. A controvérsia moral foi intensa e a disputa sobre a soberania pela verdade do estupro foi o que moveu a revisão e ampliação do documento, em 2005, e sua última revisão, em 2012 6-8.

A partir de então, o consentimento da mulher ou o de seu representante legal passaram a ser peças suficientes para o acesso ao aborto legal. Ou seja, o testemunho da mulher não deveria ser submetido à investigação policial ou judicial da verdade para que fosse reconhecido como legítimo para o acesso aos serviços de saúde. Ao menos para os textos das políticas públicas, a narrativa da mulher deve ser suficiente para a história do estupro e o acesso ao aborto legal nos serviços de saúde.

Estudos de opinião mostraram que médicos ginecologistas e obstetras ainda acreditam ser preciso o BO ou autorização judicial para que uma mulher tenha acesso ao aborto legal 9,10. Se, por um lado, é possível acolher esse desconhecimento como informação insuficiente sobre o marco das políticas públicas em saúde, por outro, é também possível entendê-lo como sinal da persistência da controvérsia moral sobre como se estabelece a verdade do estupro para o aborto legal. Há uma economia moral em curso sobre o corpo e a sexualidade das mulheres, que rejeita fissuras à heteronomia reprodutiva imposta às mulheres em matéria de aborto – nesse marco moral, a exceção punitiva seria um sopro de soberania das mulheres sobre seu corpo; por isso, a intensa vigilância sobre sua atualização. A ambiguidade penal – o aborto é crime, mas há exceções à punição – anima uma cisão no reconhecimento do direito ao aborto legal: não é a autonomia reprodutiva das mulheres o que se protege, mas a mulher vítima de estupro.

Este artigo analisa uma das expressões da economia moral do aborto no Brasil, aquela que se reproduz nos poucos espaços legitimados e públicos nos quais se atualiza a ambiguidade penal da exceção punitiva ao aborto, os serviços de aborto legal. Nossa inquietação foi conhecer como os profissionais de saúde de serviços de aborto legal constroem a verdade do estupro para que uma mulher tenha acesso ao aborto. Por verdade do estupro, entendemos um conjunto de exames e procedimentos a que a mulher é submetida após apresentar-se como vítima de estupro em busca de um aborto legal.

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Fotografía: Camila Santana/ Equipe Sâmia Bomfim. Festival Pela Vida das Mulheres, Brasília, agosto de 2018

Os serviços de aborto legal e as entrevistas

Foram realizadas entrevistas qualitativas com os profissionais de saúde que atuam em serviços de aborto previsto em lei em cinco capitais do Brasil, um em cada região. Os serviços foram escolhidos de acordo com os seguintes critérios: ter efetivamente realizado aborto legal em 2013 e 2012 e ser referenciado para a região geográfica em que está situado. Não há registros consolidados de abortos legais realizados no Brasil que permitam determinar a representatividade desses cinco serviços no cenário nacional; sendo, no entanto, referência em suas respectivas regiões.

O projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília antes da coleta dos dados, e todas as instituições exigiram nova revisão por seus comitês institucionais. No total, o projeto foi avaliado cinco vezes e o tempo de espera para aprovação tomou, em média, dois meses, sendo que em um dos comitês a espera foi de onze meses. A pesquisa foi realizada entre março de 2013 e janeiro de 2014.

O aborto legal é uma prática exclusivamente médica no Brasil. No entanto, outros profissionais de saúde fazem parte das equipes que acolhem e atendem as mulheres cujas gestações se enquadram nos três casos previstos em lei: risco de morte, violência sexual e anencefalia. Ou seja, são serviços compostos por equipes multidisciplinares, integradas por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, assistentes sociais e psicólogos, de acordo com a terceira edição da norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes 8.

O foco da entrevista foi o aborto por estupro. As entrevistas foram realizadas por duas pesquisadoras no próprio hospital, em local disponibilizado pela direção ou indicado pelo profissional. O consentimento para participação foi obtido mediante esclarecimento prévio dos participantes e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) firmado por escrito. Um roteiro semiestruturado composto por 13 perguntas, divididas em três categorias de investigação (perfil profissional, fluxo do serviço, histórias e situações de recusa de atendimento em casos de aborto legal), guiou a entrevista.

Foram realizadas 82 entrevistas, entre 25 médicos ginecologistas-obstetras, um médico anestesista, 19 assistentes sociais, 18 psicólogos, 13 enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. Esse universo corresponde à quase totalidade das equipes dos cinco serviços de aborto legal (apenas 12 profissionais se recusaram a participar da pesquisa ou não foram localizados durante o trabalho de campo na unidade).

As entrevistas foram gravadas e transcritas, mas nenhum dado sobre formação profissional, sobre a instituição ou sobre a região foi indexado, pois o foco é o ethos do aborto no Brasil e não em regiões específicas. Para evitar qualquer possibilidade de identificação, não há declinação de gênero nas transcrições. As vozes foram entendidas como vozes das equipes. Foi solicitado sigilo de cinco anos para divulgação da avaliação do projeto pelos comitês de ética.

Três pesquisadoras leram e codificaram as entrevistas e os dados foram tabulados a partir de um instrumento composto por duas questões: se havia práticas periciais para a narrativa da mulher e, havendo, como elas se expressavam. Os padrões foram comparados e, em caso de discrepância, as transcrições foram revisadas. Embora cada serviço tenha organização e dinâmica de funcionamento particular, a análise das entrevistas permitiu verificar a existência de um regime compartilhado de suspeição à narrativa da mulher sobre o estupro em particular em quatro dos serviços. Em um deles, há um regime singular de reconhecimento da voz da mulher como soberana, muito embora a economia moral do aborto como exceção à lei penal imponha constrangimentos permanentes à autonomia da equipe.

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Fotografía: Camila Santana/ Equipe Sâmia Bomfim. Festival Pela Vida das Mulheres, Brasília, agosto de 2018

O acontecimento da violência

O inquérito é uma das práticas judiciárias de produção da verdade, segundo Michel Foucault 11. Pelo inquérito, o poder interpela quem detém o saber. O inquérito se institui em situações em que há ausência de flagrante ou testemunha: é por meio dele que se permite caracterizar a verdade de um acontecimento.

A tecnologia do inquérito não é exclusiva dos poderes judiciários ou policiais; foi também incorporada aos saberes e práticas biomédicas, em particular, para a gestão da vida sob a forma da biopolítica 12. No caso do aborto legal, a prática do inquérito investiga a verdade do acontecimento da violência e produz os sentidos para a definição da subjetividade da mulher como vítima. Em geral, não há flagrante da cena do estupro – é preciso acreditar no que diz a mulher que se apresenta como vítima e testemunha de sua própria violência. As entrevistas, no entanto, mostraram que não basta o texto da mulher; a verdade do estupro é construída no encontro entre os testes de verdade sobre o acontecimento da violência e a leitura sobre a subjetividade da vítima.

Quando uma mulher alcança um serviço de aborto legal, há um regime de suspeição em curso que a antecede e a acompanha. Ele se expressa em, pelo menos, duas dimensões morais. A primeira, pelo ethos de exceção à lei penal que rege o aborto em caso de estupro. Como regra instituída com a força da punição penal, o aborto é crime contra a vida e sua prática, em caso de gravidez resultante de estupro, é autorizada como exceção à punição. Mantém-se o estatuto de crime, porém sem pena. Essa ambiguidade legal anima rumores entre as equipes de saúde sobre o estatuto moral dos serviços de aborto legal: seriam serviços essenciais de proteção às necessidades de saúde das mulheres ou serviços liminares à moral criminalizadora do aborto?

A atualização da regra penal nos profissionais que assistem as mulheres nos serviços de aborto legal anima a segunda dimensão do regime de exceção – os profissionais de saúde temem ser “enganados”: “…porque existe sempre o fantasma na área médica da questão de que as mulheres mentem…”. A vigilância contra o engano rememora continuamente o caráter excepcional do serviço, dificultando violações da regra penal por racionalidades da assistência em saúde.

Além disso, tão importante quanto a vigilância penal, o estatuto ambíguo dos serviços pressiona os profissionais de saúde a se manterem sob vigilância para a moral que descreve suas práticas de assistência como imorais. É nessa duplicidade de guardiões da lei penal e da imoralidade do aborto que as práticas de inquérito pela verdade do estupro surgem no encontro dos profissionais com as mulheres.

O regime de exceção possibilita que práticas periciais de inquérito se expressem como rotina da organização dos serviços para a qualificação da mulher como vítima e, portanto, para a produção da verdade do estupro – ou, nas palavras de um dos profissionais, “…se o médico não for muito sensível, ele tem uma tendência a fazer perguntas como que pra encurralar, porque tem uma necessidade de saber e confrontar se a pessoa tá dizendo uma mentira…”.

Há uma categoria recorrente nos serviços que resume a lógica pericial imposta pelo medo da exceção – nexo causal. O sentido corrente nos serviços se aproxima do sentido lógico dicionarizado da locução, “relação que une a causa ao efeito” 13, em que a causa é o estupro e o efeito é a gravidez. No entanto, são precisos testes de veridição para avaliar diferentes aspectos da narrativa da mulher – desde o acontecimento do estupro até as chances de a gravidez ser resultado do evento sexual alegado e não de outro. O resultado dos testes é a coerência do nexo causal.

“No caso do aborto legal, não tem a exigência do Boletim de Ocorrência, mas tem que ter o nexo causal, tem que bater a história da paciente com a do tempo da gravidez…”, explicou um profissional ao ser questionado se já havia recusado algum atendimento. Para ele, a falha no nexo causal se resumiria à “questão da data da última menstruação não bater com a data da violência”, ou seja, não se contesta diretamente a existência da violência, pois uma mulher pode ter sido vítima de estupro, sem que a gravidez seja resultado desse evento sexual.

A tese do nexo causal organiza os marcos investigativos previstos nos documentos normativos da política pública do MS, mas também atualiza o dobramento do poder policial com o poder médico: os policiais saíram de cena (não é exigido da mulher o BO para acessar o serviço de aborto legal, muito embora um dos serviços entre os cinco pesquisados mantenha a exigência do documento, além de autorização judicial), mas isso não significa que a investigação pericial pela verdade tenha desaparecido. Se nem todos os serviços fazem uso do jargão “nexo causal” ou “relação causal”, a expectativa de que o acontecimento do estupro possa e deva ser periciado pelas datas e exames é comum a todos os profissionais entrevistados.

Não exploramos a genealogia dessa categoria pericial nos serviços, até mesmo porque a memória das práticas é continuamente reavivada pela passagem de profissionais residentes e em poucos serviços havia profissionais desde o período da fundação. Se, por um lado, pode ser resquício da disputa dos anos 90 por ocasião da edição da primeira norma técnica do MS, por outro, pode ser uma expansão para o campo investigativo moral de práticas de rotina médica para a decisão sobre os métodos de aborto a serem utilizados.

Muitos profissionais justificaram a tese do nexo causal em termos estritamente técnicos para a investigação do tamanho do feto e, consequentemente, para a escolha do método de expulsão: “…a ecografia é importante, tem que saber o tempo da gestação, porque dependendo da idade da gestação a forma de interrupção é diferente…”. A última versão da norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes diz que determinar a idade gestacional é importante para a escolha do método do abortamento e para estabelecer a concordância entre a idade gestacional e o período da violência sexual 10, ou seja, é possível ler as recomendações como prescrições técnicas para a determinação do método a ser adotado, muito embora o conceito de “concordância” permita leituras inspiradas na tese do “nexo causal”. Seria a concordância que anteciparia o método, mas também que garantiria a verdade da narrativa da mulher sobre o estupro.

Mas há outro nível de justificativa moral para o teste do “nexo causal” – ele faz parte do regime de provas de que o serviço se mantém na linha de exceção ao regime punitivo ao aborto, ou seja, de que a equipe reconhece e respeita a fronteira entre o serviço de referência para o aborto legal e as clínicas clandestinas de aborto. Assim, os registros em prontuários da checagem de datas, exames e fatos para “bater o nexo causal” permitem que as equipes se protejam de contínuas investidas externas, descritas como judiciais: “porque, como a gente sabe que não tem a exigência do BO, mas só que o Ministério Público depois não quer saber. Se você indicou um aborto que não houve nexo causal, o Ministério Público vai pra cima do médico, ele não vai pra cima da paciente que veio procurando o aborto legal…”. Ou seja, há uma sobreposição de regimes periciais em curso – das equipes às mulheres, do Poder Judiciário às equipes. Mulheres e equipes são continuamente interpelados pela moral da exceção punitiva ao aborto legal no Brasil.

Os testes de veridição aplicados à mulher são compartilhados pelos membros das equipes, muito embora se reconheça a soberania da decisão médica. Assistentes sociais e psicólogos são os primeiros a reconstruírem a história do acontecimento da violência, recuperando datas, personagens e fatos. A mesma narrativa deve ser reproduzida pela mulher para diferentes profissionais, pois dela depende a sua aceitação como vítima. Assim, a mulher é interpelada por diferentes profissionais, em diferentes ocasiões – a repetição do ritual da confissão averigua as duas dimensões para a verdade do estupro: o acontecimento da violência e sua subjetividade como vítima.

A sequência de interpelações pelos testes de veridição se expressa com variações locais. Um dos profissionais assim resumiu como funciona em seu serviço:

“…a mulher passa pela psicologia, pela assistente social, às vezes a gente já até adianta com o médico o ultrassom, e se tem dúvida faz o beta [exame de sangue]. Normalmente ela tá com atraso menstrual pequeno, não sabe se tá grávida ou não, e através do ultrassom que a gente vai verificar o efeito causal, conversa, vê se a data da violência bate com a idade da gestação, então, essa é nossa rotina… aí a gente vai escutar, vai fazer aquela escuta e vai chegar a um consenso…”.

O consenso não apenas atesta o nexo causal como distribui entre a equipe a produção da verdade para a qualificação da mulher como vítima. No caso desse serviço, antes do consenso, a mulher deve se dirigir a uma delegacia e registrar um BO, para então solicitar uma autorização judicial. O consenso, assim, é uma categoria policial, judicial e biomédica.

Mas ser vítima de estupro, ou seja, atestar o acontecimento da violência, não é suficiente para garantir à mulher o direito ao aborto legal: é preciso ainda assegurar que a gestação tenha sido resultado do estupro narrado. Nas palavras de um profissional, “têm muitos casos também que a gente descarta… ela teve a violência, mas já era uma mulher sexualmente ativa e pela idade gestacional e a data da violência não serem compatíveis, elas são encaminhadas pro acompanhamento pré-natal…”. Nesse momento de produção da verdade do estupro, não é mais à mulher que se interpela sobre seu estatuto de vítima, mas àquela gestação e à figura masculina como autor da violência.

Esse regime de suspeição é particularmente posto em prática para as mulheres em regime de conjugalidade heterossexual ou para aquelas descritas como “liberais” por um dos profissionais: “Quando é adolescente, quando a paciente tem algum estilo, tem uma tatuagem, usa piercing ou tem alguma questão, assim, sei lá, um paradigma mais liberal, eu acho que complica mais a situação”. “Complicar a situação”, em termos periciais, significa ampliar os testes de veridição sobre o acontecimento da violência.

Como toda prática coletiva, há fissuras na sua atualização, inclusive com posições de rejeição e estranhamento. Outro profissional do mesmo serviço do profissional que indicou maior alerta à narrativa das “mulheres com paradigma mais liberal” ironizou esse regime de veridição: “A mulher precisa chegar com uma história convincente que caiba dentro do preconceito das pessoas”. O território da cena do estupro é um dos moduladores para o teste de verdade – se o estupro foi cruento, maiores são as chances de a mulher falar a verdade 14; porém, se “ela chega dizendo que a violência aconteceu dentro de casa, as pessoas têm dificuldade de compreender que a violência sexual acontece de forma conjugal”. A casa é relativizada de acordo com o estatuto civil da mulher – se casada, o estupro é suspeito; se filha e criança, o estupro move práticas de compaixão e facilita a construção do lugar da mulher como vítima. A compaixão é outro modulador ativo das práticas periciais e dos regimes de construção da verdade do estupro. Para animá-la, a subjetividade da vítima entra em cena para a identificação final da verdade do estupro.

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Fotografía: Camila Santana/ Equipe Sâmia Bomfim. Festival Pela Vida das Mulheres, Brasília, agosto de 2018

A subjetividade da vítima

O nexo causal garante que a gestação foi resultado do estupro – mas esse é apenas o primeiro teste de verdade, aquele em que a tecnologia médica atua como prova pericial. O ultrassom e o exame de sangue são registros periciais dos resultados da aprovação da mulher nos testes do nexo causal. Mas é preciso ainda que a mulher se comporte como vítima. Um dos profissionais, ao contestar a soberania do teste do nexo causal para a verdade do estupro, assim descreveu o sentido do “comportamento” como um modulador da verdade:

“…teria algo no comportamento da mulher que não condizia com uma situação de estupro, que não seria o fato de contar uma história confusa, porque essa confusão era normal, que em situação de trauma isso acontece, que também não é a diferença entre a data da última menstruação e a data da violência, porque nem toda mulher lembra quando ficou menstruada, mas que seria algo no comportamento da mulher, é a forma de contar a violência que leva a equipe a perceber que ela estaria mentindo…”.

O profissional fez questão de frisar que casos de mulheres que mentem, ou seja, que se apresentam fora do comportamento de vítima, seriam raros; ainda assim, tanto fez uso da categoria do trauma para proteger as mulheres que falharam no teste do nexo causal quanto demonstrou acreditar ser a ausência do trauma o que levantaria suspeições sobre o estatuto da vítima. Pois é exatamente da ambiguidade da categoria do trauma que a subjetividade da vítima é averiguada.

O trauma como categoria moral para a efetivação de direitos sociais vem sendo analisado por Didier Fassin 15-17. Em seu entender, o trauma não é simplesmente a consequência de experiências insuportáveis, que não se conseguem negociar, é também um recurso que pode ser utilizado para garantir um direito 15. O trauma é, em si mesmo, um testemunho do que aconteceu ao corpo, e é por meio dele que a mulher pode ser legitimada como vítima.

O sofrimento convertido em trauma passa a ser possível, passa a ser visível e a existir para quem o averigua, constituindo elemento fundamental para a caracterização da subjetividade da vítima 16. A linguagem do trauma, portanto, favorece a criação de uma subjetividade específica – o comportamento da vítima é o que permitiria reconstruir a factualidade do terror da violência, tendo em vista que o corpo da mulher violentada muitas vezes alcança os serviços de saúde sem as marcas do estupro.

A história de uma menina de 11 anos contada por um dos profissionais demonstra as tensões entre determinações legais – presunção de violência para menores de 14 anos, segundo o Código Penal 1 – e práticas de veridição pela verdade do estupro:

“…o que me marcou muito foi uma menina de 11 anos grávida que ela engravidou e o profissional de saúde do plantão e do outro plantão no final de semana não realizaram o aborto porque a menina não teria sido agredida fisicamente no ato sexual, então não era estupro. O pessoal do plantão, dois plantões seguidos, se recusou a fazer porque achava que ela gostara, a menina era safadinha…”.

O profissional fez uso de uma retórica de exemplificação comum nas entrevistas: os casos mais tensos para o ethos da exceção punitiva foram narrados como de outros plantões, outros profissionais, como histórias compartilhadas dos serviços, sem as identidades de seus agentes.

O trauma é uma categoria psíquica para a mensuração do sofrimento e para o cuidado da mulher vítima de violência 17. No entanto, aqui exploramos sua dimensão moral para a construção da verdade do estupro e, consequentemente, para a passagem da mulher à condição de vítima. O trauma obliteraria a experiência. Ao se centrar na categoria trauma e em suas respostas no corpo e na subjetividade, a soberania do testemunho, ou, nas palavras dos documentos normativos, a narrativa da mulher perderia legitimidade. Não importaria mais o evento sofrido, mas sim o trauma.

A verdade do evento sai de cena para que a subjetividade da vítima apareça. Nesse sentido, a história narrada depende de a mulher ser reconhecida como vítima pela equipe. Nessas tensões e mesmo contradições, Fassin e Rechtman demarcam as operações morais do trauma, em que se reinventam boas e más vítimas e se define quem é ou não legitimado para ter o status de vítima, independentemente dos fatos narrados 17.

Mesmo para aqueles profissionais que partem do trauma como uma categoria psíquica nosológica para o cuidado em saúde mental, desloca-se a causalidade da violência para a moralidade do aborto como crime contra a vida, ou seja, atualiza-se a soberania do regime de exceção punitivo: “Era um sofrimento que não parecia sofrimento. Porque essas mulheres, por mais que elas não desejem a gestação e queiram interromper, elas sofrem com isso, né? Porque você vai interromper uma vida. Então a maioria tá fragilizada…”. Ou seja, a tipicidade do sofrimento se expressaria também pelo reconhecimento da mulher de que o aborto é uma exceção moral – a fragilização da vítima não é reconhecida apenas como resultado da violência sofrida, mas pelo gesto de desafiar a ordem moral punitiva que classifica o aborto como um crime contra a vida.

Mesmo em serviços em que a retórica dos direitos é mais clara, a dupla dimensão investigativa da verdade do estupro – acontecimento da violência e subjetividade da vítima – guia a fase de acolhimento da mulher pelas equipes de saúde. É como uma figura detentora da verdade que a mulher é inquirida pelas equipes – e não imediatamente como uma vítima detentora de um direito. Seu sofrimento move a compaixão, mas também aciona táticas de saber para a investigação da verdade. A mulher se transformará em vítima se aprovada nos testes de veridição a que se submeterá. Uma explicação para esse regime investigativo é o caráter de exceção da lei punitiva: mesmo aqueles que reconhecem o direito ao aborto sentem-se pressionados, pelo estigma imposto aos serviços, pela ameaça persecutória e pela moral hegemônica do aborto como um ato violador, a atualizar táticas e práticas periciais.

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Fotografía: Camila Santana/ Equipe Sâmia Bomfim. Festival Pela Vida das Mulheres, Brasília, agosto de 2018

Considerações finais

Foram coletados dados em cinco serviços de referência em aborto legal no Brasil para conhecer como se constrói a verdade do estupro para que a mulher que se apresenta como vítima de violência sexual tenha acesso ao aborto legal. Exceto por um dos serviços, há homogeneidade de práticas e discursos de suspeição. Ao contrário do que determinam as normas técnicas do Ministério da Saúde, a verdade do estupro para o acesso ao aborto legal não se resume a uma narrativa íntima e com presunção de veracidade, mas é uma construção moral e discursiva produzida pela submissão da mulher aos regimes periciais dos serviços.

Apesar de algumas diferenças específicas entre os serviços, pode-se afirmar que quase todos funcionam sob um regime constante de suspeição à narrativa da mulher sobre o estupro. Esse regime se expressa pelo ethos de exceção à lei penal e pelo medo que os profissionais têm de serem enganados. A palavra da mulher, nesse sentido, é colocada sob suspeita e não é suficiente para o acesso ao serviço de aborto. A mulher precisará passar pelos testes de veridição das equipes de saúde para que tenha seu direito legitimado e seja reconhecida como vítima. Para tanto, terá de contar uma história que apresente relação de causalidade entre o acontecimento do estupro e a gravidez e, além disso, necessitará apresentar traços subjetivos que a caracterizem como vítima.

A busca por uma subjetividade específica de vítima faz com que a soberania do testemunho da mulher, ou seja, sua palavra, perca a legitimidade. É por meio da interrogação de seu corpo – seus gestos, sentidos, prazeres – , e não só de sua história, que a mulher será reconhecida como verdadeira vítima. O fato de a palavra da mulher não bastar e de ela ter de passar pelos testes de veridição dos serviços de saúde acaba por privá-la da soberania pela verdade.

É, portanto, nessa relação entre o corpo das mulheres e os mecanismos de poder que o investigam, aqui representados pelos saberes médicos e psicossociais, que a engrenagem dos serviços se pauta. O poder pericial é exigido das equipes, não por ausência da necessidade de apresentação de documentos policiais e autorização judicial – mesmo quando a mulher apresenta tais documentos, ela ainda é interpelada para a produção de verdade – , mas por uma economia moral em curso e pelo regime de exceção da lei penal ao aborto. Como guardiões da lei e da moral e responsáveis pela decisão sobre o direito ao aborto – os serviços de aborto legal – sentem-se cobrados a policiar não só os corpos das mulheres, mas também seus próprios regimes de funcionamento e suas práticas de assistência.

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Fotografía: Camila Santana/ Equipe Sâmia Bomfim. Festival Pela Vida das Mulheres, Brasília, agosto de 2018

 

Referências

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Nos tienen miedo

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Verónica Gago

El ninguneo que implica el rechazo al proyecto de legalización del aborto por parte del Senado argentino reedita -y nos hace rememorar- una escena que conocemos: la escena doméstica donde todo el esfuerzo que hacemos parece volverse invisible, casi como si no existiera, como si no contara. Así quisieron repetir desde el parlamento aquello a lo que el patriarcado quiere acostumbrarnos hace siglos: un acto de desprecio para depreciarnos. Donde nuestro poder no entra en la cuenta, no contabiliza. Pero el despliegue del movimiento feminista de este tiempo hace que a esa escena de sometimiento e invisibilización nosotrxs no volvamos más. Es desde esa certeza que no hay retorno, y que nuestro poder conquistado es irreversible, que viene nuestra furia. Es desde esa certeza también que decimos que a la clandestinidad no volvemos nunca más.

El desprecio fue contundente. Y estuvo dirigido a la multitud feminista que desbordó la ciudad: a la movilización masiva, efervescente, popular, diversa, intergeneracional, sostenida durante horas contra la lluvia y el viento (¡sólo de Rosario vinieron 110 micros!). No podemos negar que lo sentimos como una burla, una ofensa, un brutal intento de disciplinamiento. De allí también viene nuestra furia.

Gala Abramovich (6)

Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

El rechazo del Senado tiene el mismo patrón de desconocimiento histórico de lo que se hace con nuestras tareas, con los modos en que producimos valor, con todo lo que trabajamos para que el mundo se produzca y se reproduzca, con nuestros modos de tejer sociabilidad y cuidado colectivo y que ha sido sistemáticamente no tenido en cuenta en las cuentas de ninguna democracia. Porque conocemos ese método de rebajarnos y desconocernos y porque contra eso hemos construido ese grito común que dice “ahora que sí nos ven”, no vamos a permitir que nos invisibilicen otra vez. De la garganta, de repetir ese grito convencidas, también viene nuestra furia.

Porque esa invisibilización -que es un régimen de visibilidad específico- se hace a costa de expropiar la potencia misma de nuestros cuerpos mientras se “explota”, se saca beneficio, de nuestra representación. Los senadores no dejan de hablar en nuestro nombre, de legislar sobre nuestros deseos y nuestras maternidades mientras simulan que no existen los casi dos millones de cuerpos que en las afueras de Congreso no paraban de hacerse oír y de manifestarse. De ese intento de seguir controlando nuestras decisiones vitales con la fuerza de un poder de élite, de allí también viene nuestra furia.

En este sentido, la escena del 8 de agosto ofrece una nitidez histórica de un poder ya invertido: no hay acatamiento a ese ninguneo. No hay sometimiento a la invisibilidad. No hay resignación a que no contemos. No hay acomodamiento a, una vez más, no ser parte o ser la parte infantilizada y, por tanto, tutelada de la democracia. La fuerza callejera que el 8 de agosto tomó las ciudades es un poder político de cuerpos no tutelados y no domesticados.

Y esto se traduce en términos espaciales: nosotrxs ya nos salimos del encierro doméstico. Nosotrxs construimos otros territorios domésticos que no nos obligan al trabajo gratuito no reconocido y que no nos exigen promesa de fidelidad al marido-propietario. Nosotrxs tomamos la calle y la hacemos casa feminista. El 8A, los que estaban encerrados eran ellos mientras nosotrxs tomamos la ciudad. ¿Por qué esto es también una inversión que hace historia? El confinamiento -la coartada predilecta del encierro doméstico- quedó de su lado.

Los senadores estaban recluidos, custodiados por vallas, anunciando que la votación debía acelerarse para no retardar la represión policial. Es decir, avisando que su voto contaba por anticipado con el respaldo de la represión estatal e intentando disciplinar el enojo popular. Afuera, el espacio de lo político reorganizado y reinventado a cielo abierto por una marea que será inolvidable para todxs lxs que estuvimos allí. El reducto del recinto -vetusto y decadente- en contrapunto con el acampe formado por esas casas y ranchadas abiertas, experimentales de otra domesticidad, de otros cuidados. Esta inversión espacial marca una cartografía política de nuevo tipo. Y desarma la oposición tradicional entre la casa como el espacio cerrado y lo público como su contrario: estamos construyendo casas abiertas a la calle, al barrio, a las redes comunitarias y un techo y unas paredes que refugian y abrigan sin encerrar. Esto es un balance práctico que surge de la realidad concreta: muchísimos hogares, en su sentido patriarcal, se han vuelto un infierno; son los lugares más inseguros y donde se producen la mayoría de los femicidios, además de un sinfín de violencias “domésticas” y cotidianas.

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Con esta nueva forma de construir política casi no hace falta cantar que no nos representan o hacer una versión feminista del ¡que se vayan todos! Ya pasamos ese umbral. Quedó evidenciado que el régimen de representación que se sostiene de espaldas a la calle no tiene nada que ver con el modo feminista de hacer política y de hacer historia. Pero más aún, quedó demostrado que la política ya se está haciendo en otros territorios, que tienen la fuerza para producir un espacio doméstico no patriarcal.

Vuelvo a la furia. Sentimos náusea, asco, repugnancia al escuchar la ignorancia y la violencia de algunas frases de los senadores. Que puede haber violación sin violencia porque sucede dentro de la familia, como dijo Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), es de nuevo el síntoma de lo que quiero argumentar: que, aun en el Parlamento, estamos hablando de la escena doméstica. Que lo que sucedía en el recinto –supuesto espacio de la esfera pública– no es ni más ni menos que el intento desesperado por sostener el hogar como reino patriarcal frente a la emergencia de una política que construye otras formas y deshace la división entre público y privado que jerarquiza un espacio contra otro.

¿Qué significa esto? Lo que el senador Urtubey (a quien hay que exigir desafuero ya) explicitó sin tapujos: que el hogar, en el sentido patriarcal, es el lugar donde la violación está permitida. Porque el hogar se constituye como “privado” cuando legitima el acceso violento y privilegiado por parte de los varones al cuerpo de las mujeres y a los cuerpos feminizados (lo cual incluye niñxs). Lo privado acá es lo que garantiza el secreto y la legitimidad (lo que el senador llama “no violencia”) de la violencia. Es también lo que permite la famosa “doble moral”. Estamos aquí en el corazón de lo que organiza, como ha señalado Carole Pateman de modo pionero, el pacto patriarcal: una apuesta a la complicidad entre varones basada en esta jerarquía que en nuestras democracias se convierte en una forma de derecho político.

En el pacto patriarcal hay una división sexual de los cuerpos: el cuerpo masculino se presenta como cuerpo racional y abstracto pero se reivindica con capacidad de gestar. ¿Qué es lo que gesta? Orden y discurso para legitimar su superioridad y expropiar la soberanía sobre la gestación del cuerpo de las mujeres. Lo que hay, entonces, es una disputa por el poder de gestación porque el orden político patriarcal se funda en esa expropiación. Esa expropiación implica una subordinación específica y se traduce como poder dentro de las casas: es el poder de violación sobre el cuerpo femenino o feminizado como estructura del orden patriarcal. Este es el pacto que los senadores ratificaron en la madrugada del jueves 9 de agosto y que funciona como piedra angular de todos sus privilegios. Se sancionó el poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres que encuentra, insisto, en la violación su escena fundante.

La escena teológica

Pero esta escena parlamentaria nos remite directamente a otra escena. La votación negativa ratifica al parlamento como espacio sometido al poder teológico: fue el teatro de la iglesia católica para reafirmar su poder en decadencia. Lo dijo el senador Pedro Guastavino (Bloque Justicialista-Entre Ríos) de modo coloquial: los senadores que se pronunciaron a favor del aborto se la pasaron “esquivando crucifijos”, aprietes en los teléfonos y mensajes varios de la mafia que se dice celestial. Con el referéndum en Irlanda, con la movilización en Polonia y la marea feminista en Argentina, la Iglesia católica, apostólica y romana -esa a la que le dedicamos varios cánticos- siente la ofensiva en países que fueron emblemas de su fidelidad.

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Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Hoy Argentina tiene una particularidad: es la tierra del Papa. Las operaciones políticas de la iglesia, con la figura de Bergoglio a la cabeza, contra el feminismo intentan dividir a las organizaciones sociales y boicotear la fuerza de un movimiento que se está construyendo desde abajo, que es popular y anti-neoliberal. Ya argumenté sobre el tipo de disputa por la espiritualidad política que la iglesia -la católica y otros fundamentalismos religiosos- siente, como nunca antes, con los feminismos actuales a propósito de la votación en Diputados.

Luego del triunfo en la cámara baja, la contra-ofensiva de la Iglesia se recrudeció. Las homilías en los festejos patrios del 9 de julio fueron en varios sitios discursos de guerra: así legitimaron desde arriba el ataque en las calles a chicas sólo por portar pañuelo verde, dieron ímpetu a grupos fundamentalistas que atacaron a militantes feministas (como en Mendoza) e impulsaron el adoctrinamiento sobre adolescentes en colegios confesionales (hay que recordar la marcha de adolescentes con pañuelo celeste obligadas al paso marcial en la escuela de Santiago del Estero).

Se trata de un capítulo intensivo de la campaña contra lo que denominan “ideología de género” y que tiene formas específicas en cada país de América Latina. Este concepto le sirve a la iglesia para identificar al feminismo como nuevo enemigo. Allí se inscriben las manifestaciones en Perú y en Ecuador que dicen “Con mis hijos no te metas”. En Brasil, la “ideología de género” es invocada como amenaza a la familia y promesa de homosexualidad por parte de varios fundamentalismos (también se la nombró allí la semana pasada en el primer congreso “anti-feminista”). En Colombia, jugó un papel en la campaña que agitó la “amena­za del género” a favor del triunfo del “no” a los acuerdos de paz de La Habana. En Chile, se usa contra las revueltas feministas a manos de grupos neo-nazis. En Argentina, ha tomado a su cargo la ofensiva contra la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y del aborto.

Pero la intensidad del debate aquí tuvo, otra vez, su particularidad: se centró en el argumento de que “las pobres no abortan”, de que el aborto es “imperialista” o una “moda” impuesta por el FMI. En el tutelaje que la Iglesia practica especialmente sobre las mujeres pobres se intensificó su batalla, a cargo del discurso de los llamados “curas villeros”. Lo interesante del debate en estas semanas fue la toma de la palabra de una enorme cantidad de mujeres de villas y barrios contando su experiencia de aborto en la clandestinidad. Esto marcó un salto político en la discusión respecto de los años anteriores, ya que la masividad del debate se dio en términos clasistas, exhibiendo que la clandestinidad tiene distintos precios. Es decir, la transversalidad de la politización feminista permitió ampliarla en espacios y lugares donde antes no llegaba como discusión aun si los abortos eran una realidad masiva. Los líderes de varios movimientos sociales intentan disciplinar a las mujeres de esas agrupaciones, militando a favor de poner límite a la ola verde para responder a los pedidos del Vaticano.

La cantidad de mujeres de barrios populares que poblaban las carpas que cruzaban de la avenida 9 de julio a Callao discutiendo estas cuestiones habla de un fracaso de esos disciplinamientos internos. De la fuerza que tiene decir que a la clandestinidad no volvemos más aun si el Papa se atreve a asociar el aborto con el nazismo. Pero sobre todo, habla de un empuje de las pibas más jóvenes para plantear con sus madres y al interior de sus familias una interpelación, una discusión y un modo de vivir la sexualidad que hace temblar el pacto patriarcal que es también pacto eclesial. Y un efecto cascada sobre la ampliación de otra discusión: la separación definitiva de la Iglesia del Estado, que tuvo una contundente demostración en las cajas llenas de formularios de apostasía que se hacían en medio del acampe. No es casual que la reacción de la iglesia sea tan virulenta al mismo tiempo que no paran de destaparse casos de curas pedófilos, de abusos sexuales contra monjas, y de testimonios públicos de hijxs no reconocidxs por sus padres-curas. De nuevo, volvemos a la escena de la violación: es eso lo que una y otra vez se está defendiendo como espacio “privado” y “sagrado” de los poderes que sostienen el pacto patriarcal-eclesial.

La escena global

El escenario de la contienda por el aborto sucedía aquí pero era ya una escena global. La repercusión y el tejido de resonancias a nivel internacional que tuvo la campaña por el derecho al aborto en América latina y el mundo fue un dato contundente. Muchas ciudades se tiñeron de verde. Manifestaciones frente a embajadas, organizaciones en plazas, confección de pañuelos en otras latitudes, tomas de universidades y escuelas performatearon un nuevo tipo de internacionalismo.

Fotografía de Gala Abramovich, marcha por el Aborto legal seguro y gratuito, 8A, Buenos Aires

Fotografía: Gala Abramovich / marcha por el Aborto legal seguro y gratuito / 8A, Buenos Aires

Desde los paros feministas (19 de octubre de 2016 y 8 de marzo de 2017 y 2018) se ha nutrido una dinámica internacionalista del feminismo que se traduce como coordinación, enjambre de iniciativas, tráfico de léxicos políticos, articulación de una agenda común y una fuerza que se experimenta de modo concreto en los conflictos diversos. El feminismo como nuevo internacionalismo está produciendo un tipo nuevo de proximidad entre las luchas.

Lo que se jugaba en la votación del Senado argentino también registra la fuerza de un escenario que, como rezaba la contratapa del New York Times, evidencia que “el mundo está mirando”. Hoy el triunfo católico conservador aparece como noticia pero aun así no logra jaquear las fotos que ya recorrieron el mundo: una marea verde en las calles, un sinfín de luces en medio de la noche de invierno, un río de deseo de desobediencia.

Esta vez las presiones del cabildeo político se impusieron a favor de que el pacto patriarcal-eclesial mantenga su poder sobre la autonomía y la decisión de las mujeres en relación a su maternidad y a su deseo. Sin embargo, el temblor de la revolución feminista no deja lugar sin conmover. El aborto en la calle ya es ley. Nuestra victoria es aquí y ahora y a largo plazo. Estamos haciendo historia. Nos tienen miedo. Este desprecio del Senado no será gratis. Tenemos furia y euforia. No tenemos esperanza, tenemos fuerza.

 

Verónica Gago integra el Colectivo Ni una Menos y el Colectivo Situaciones, es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Actualmente está trabajando en un proyecto que explora las economías populares en contextos posneoliberales.

Gala Abramovich es fotógrafa, lesbiana, electricista y productora radial. Nació en CABA, hoy vive en La Matanza. Para ver más sobre su trabajo: https://www.galaabramovich.com/