SEÑOR MATANZA[1]

El mundo no te quiere. Colombia tampoco.

Contexto histórico del Señor Matanza en Colombia

Para entender el difícil momento que Colombia vive hoy, de cara a las elecciones presidenciales el domingo 27 de mayo del 2018, es necesario hacer un breve recorrido por la historia que no cuentan (la historia de los de abajo). Colombia vive un conflicto social casi desde su fundación como país. La exclusión social, el racismo y el enriquecimiento de unxs pocxs sometiendo a la mayoría ha sido lo que ha prevalecido. Para entender este conflicto tenemos que conocer la historia, pero la historia también es un ejercicio de poder. Por esto hay que conocer la historia subalterna, la historia que ayude a quitar esa lente que ha deformado los hechos durante décadas y que hoy se manifiesta en forma de medios masivos de comunicación.

La historia que no cuentan los medios, sí la cuentan otras personas valientes, aquí una de ellas: este pequeño resumen se basa en el informe que el padre Javier Giraldo S.J.[2] realizó para la Comisión Histórica sobre el Origen del Conflicto y sus Víctimas[3], en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la antes guerrilla armada de las FARC-EP. Giraldo sitúa los orígenes de nuestro conflicto en el abuso de las élites sobre la población, empobreciéndola, sometiéndola y generando una violencia que ha cobrado muchísimas víctimas. El autor centra el problema en la desigual repartición de la tierra y las políticas que se han creado para el despojo territorial, las cuales se han sofisticado mientras pasan los años, hasta el punto del financiamiento de la violencia para conseguir tierras, despojando mediante masacres.

El problema de la falta de acceso a la tierra, que suple tres de las necesidades básicas: vivienda, trabajo y alimentación, ha sido el detonante principal del conflicto colombiano. Éste se inicia en la época Republicana, con la adjudicación de terrenos baldíos para unos pocos, amparados en leyes que convertían la tierra en propiedades individuales, mercantilizables. A partir de ello, se despojó a lxs indígenas de sus resguardos, convirtiéndoles en trabajadores, aparceros, arrendatarios, peones etc. En el periodo de 1880 a 1925 los colonos luchan pacíficamente y de forma legal, reclamando ante las autoridades por el abuso de los terratenientes, pero pierden. Antes de 1920, indígenas liderados por Manuel Quintín Lame se rebelan y dejan de pagar obligaciones impuestas sobre sus tierras usurpadas. Invaden partes no cultivadas de haciendas, pero son perseguidos, torturados y criminalizados. En 1936, la ley 200 de tierras, que buscaba limitar las propiedades excesivas e improductivas, así como las formas atrasadas de explotación del trabajo, tuvo el efecto contrario sobre los terratenientes, quienes expulsaron a los campesinos de las haciendas. Esto provocó un éxodo de campesinos a las ciudades, ya en las décadas de los 30 y 40,

la lucha por la tierra se vio entreverada y agravada por los odios partidistas, por la ideología anticomunista que impera en el gobierno y los partidos que lo controlan, incentivada por la Guerra Civil Española, por la incidencia y control cada vez más intenso de los Estados Unidos que arrastra al país a alinderarse de manera militante en la Guerra Fría, por el influjo simultáneo del Falangismo Franquista en algunos líderes políticos, y por la fuerza de la cruzada ideológica de la Iglesia Católica, de innegable influjo en uno de los partidos, contra el socialismo, el comunismo y el liberalismo. Sin embargo, entre tantos factores de violencia que se entrecruzan, el factor más objetivo, si se analizan las condiciones reales de vida de las gentes, y el que finalmente se proyecta en insurrección armada clasista, es el problema del acceso a la tierra[4].

Las muertes, los desplazamientos y las parcelas abandonadas son más intensas en la época llamada “La violencia” (1948-1966), lo que está estrechamente vinculado a la aparición en 1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo. Desde los años cincuenta, frente a las disputas por la tierra y el abuso de los hacendados amparadxs por los gobiernos de turno, lxs campesinos comienzan a organizarse para resistir a quienes los perseguían, torturaban, criminalizaban, expropiaban y estigmatizaban mediáticamente con el nombre de “repúblicas independientes”. Estas organizaciones son ferozmente atacadas por el ejército ese año, en la invasión militar a Marquetalia, uno de los errores más infames cometidos por la clase dirigente colombiana, que dio origen al movimiento guerrillero alzado en armas FARC-EP. Posteriormente surgen otros movimientos armados, ELN, EPL, y su género de lucha se justifica expresamente “en la imposibilidad de buscar reformas por vías legales o actividades políticas legales”[5].

En enero de 1974 aparece también como estructura insurgente el Movimiento 19 de Abril M-19, justificando su lucha en el fraude electoral del 19 de abril de 1970, el cual les habría demostrado a sus integrantes que las elecciones no son el camino para obtener el poder. El asesinato de 50 personas que participaban en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 reveló la existencia de otra estructura armada denominada Autodefensa Obrera ADO-. Este grupo tomó retaliación por esas muertes asesinando al que era Ministro de Gobierno. Ya en los años 80 aparecieron nuevas estructuras insurgentes, entre ellas la de origen indígena o Comando Quintín Lame, el cual justificó su lucha como respuesta a la brutalidad de las acciones militares contra las recuperaciones de tierras de los resguardos y en el asesinado del sacerdote indígena Álvaro Ulcué, reconocido líder de la etnia Nasa[6].

En la década del sesenta se complejiza el escenario a partir del auge del narcotráfico, que hace que Estados Unidos monitoree el conflicto y lo oriente a una guerra contrainsurgente, mientras la guerrilla y los cocaleros convergen en su lucha en contra del estado. La insurgencia se financia del narcotráfico con la figura de impuestos por gramaje, poniendo cierto orden en las regiones, a conformidad con las comunidades. En los años 70 se articulan migraciones que ocupan baldíos con grupos insurgentes para establecer cultivos de uso ilícito. Cuando se fusiona el narcotráfico con el paramilitarismo, esto es, a partir de los años 80, las masacres, los despojos masivos de la población y la usurpación de tierra hasta el presente no cesa. El fenómeno paramilitar, como proyecto de estado, tiene una escalada sin precedentes desde los años 80.

Pero el paramilitarismo no nace en los años 80 a la sombra del narcotráfico como comúnmente se dice; comienza con dinámicas contrainsurgentes comandadas por Estados Unidos desde los años 60. El fenómeno quiso ser ilegalizado constitucionalmente en 1989 en el gobierno de Barco, pero luego, rápidamente, fue legalizado en diferentes procesos desde el 1994 hasta el 2005, y además se creó una red de informantes y cooperantes que actúa hasta hoy en el territorio nacional.

Las relaciones del Estado y la sociedad se deterioran al no haber garantías de cumplimiento de los derechos básicos y de convivencia. De esta forma, miles de líderxs sociales y defensorxs de derechos humanos son asesinadxs, quedando en la absoluta impunidad. Las necesidades básicas se han visto afectadas desde siempre por el problema de la tierra: vivienda, alimentación y trabajo, de las cuales se desprende el problema de la salud y la educación. Las necesidades de convivencia: información, participación y protección son las más vulneradas, pues el impacto que esto ha tenido en la sociedad colombiana se expresa en que miles de líderxs han sido sacrificados, mientras luchar por la justicia se convierte en un riesgo de vida. Se excluye social y políticamente a quienes se resisten y luchan, hay una corrupción enorme del aparato electoral y la verdad es absolutamente cooptada por conglomerados económicos, políticos y sociales, que manipulan la opinión mediante los medios de información masiva, reproduciendo y fomentando una aversión visceral a cualquier forma de disidencia o rebelión.

Ante toda esta injusticia, y el desamparo casi absoluto del Estado hacia las personas que están sometidas, que además son la mayoría, es necesario reivindicar el derecho a la rebelión. El Padre Giraldo le da un piso jurídico al derecho a la rebelión, legitimado en momentos importantes de la historia humana. En las independencias, la declaración de los derechos del hombre, la revolución francesa y en la declaración universal de los derechos humanos aparece como algo determinante para que los otros derechos tengan consistencia. Este derecho se fue transformando por presiones políticas con audiencia en las Naciones Unidas y desapareció del marco jurídico universal, convirtiéndose en terrorismo.

[1] El Señor Matanza es toda esa red de políticos, medios de desinformación masiva, grupos económicos que financian la violencia,  el hambre y la pobreza.

[2] El padre jesuita Javier Giraldo es una de las personas más respetadas en Colombia por convertirse en la voz de la gente vulnerada, uno de los defensores de DDHH más valientes en nuestro país desde su apuesta política como sacerdote y ciudadano, que se condensa en la Teología de la Liberación, fuertemente perseguida por la iglesia católica. De cara a la corrupción del aparato judicial colombiano, decide utilizar las herramientas judiciales para denunciar el exceso de las fuerzas militares sobre las comunidades y las  irregularidades de los grupos al margen de la ley, en especial, a los grupos paramilitares www.javiergiraldo.org. Las palabras vida y obra de Camilo Torres Restrepo en 1965, son el detonante de su opción de vida por la lucha por la verdad, por trabajar para generar un cambio real en las estructuras de la sociedad y por la justicia, pero es a comienzos de los 80, cuando se alían paramilitares con narcotraficantes en magdalena medio colombiano, que comienza su labor y asume la dirección del Centro de Investigación Popular Programa por la Paz CINEP-PPP http://www.cinep.org.co/, fundación que trabaja para la sistematización de información relacionada con el conflicto armado, la paz, las luchas sociales y la protección de los derechos humanos integrales. Con ayuda de testigxs, crea el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política https://www.nocheyniebla.org, que recopila información no judicializada sobre los crímenes hacia campesinos, defensores de derechos humanos, y militantes de la unión patriótica. Con ayuda de representantes de la religión católica y defensores de derechos humanos, funda la CIJP (comisión intercongregacional de justicia y paz) cuyo objetivo fue visitar regiones  que fueron escenario de masacres para salvaguardar la memoria de las víctimas y hacerla conocer. La comunidad de paz de San José de Apartadó http://www.cdpsanjose.org/, creada en 1997, se convirtió en una de sus principales luchas, una población campesina que se declara neutral frente al conflicto armado y rechaza la presencia de todos los grupos armados en su territorio.

[3] Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf

[4] Javier Giraldo Moreno S. J.  APORTES SOBRE EL ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, SU PERSISTENCIA Y SUS IMPACTOS, en, Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero de 2015, p 420-21

[5] Giraldo, Ibíd. P. 16

[6] Giraldo Ibíd.  P. 17