La Red Conceptualismos del Sur manifiesta su repudio al avance de la impunidad sobre los delitos de lesa humanidad que está teniendo lugar en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.
El pasado tres de mayo la Corte Suprema de Justicia argentina, decidió por mayoría de tres votos contra dos, beneficiar la reducción del cumplimiento de las penas de prisión por delitos de lesa humanidad a Luis Muiña quien fue juzgado y condenado a 13 años de prisión por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas durante la última dictadura (1976-1983). Esta decisión de la Corte Suprema representa claramente un retroceso en las garantías democráticas ganadas socialmente y apunta a abrir resquicios para el avance de la impunidad de genocidas.
Un primer aspecto a señalar es que dos de los jueces que votaron a favor del fallo, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, fueron designados por decreto de Mauricio Macri en el año 2016. Aunque el nombramiento por decreto fue considerado inconstitucional, ambos jueces fueron luego refrendados por el Senado por mayoría de votos que incluyeron tanto al oficialismo como a la oposición. La corte basó el fallo que reduce las penas de genocidas, en la ley 24.390, conocida como el beneficio 2×1, que originalmente, tenía como objetivo favorecer a personas sin sentencia firme que se veían en situación de prolongar su encierro ante la dilación de los procesos judiciales, incrementando al mismo tiempo, la sobrepoblación de las cárceles argentinas. Esta ley, vigente entre los años 1994 y 2001 y actualmente derogada, es la que los jueces de la Corte Suprema intentaron utilizar para beneficiar a los genocidas. Esta medida encontró una rápida respuesta en el cuerpo social: el parlamento aprobó como medida de urgencia una ley que prohíbe la aplicación del beneficio del 2×1 a genocidas y lo más importante, la impunidad fue masivamente repudiada por la fuerza de una movilización en las calles.
Como han señalado diversas organizaciones de derechos humanos, este fallo, por sus consecuencias, encuentra continuidad en los decretos promulgados por el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990, que indultaron a militares y civiles condenados por sus crímenes durante la dictadura; prolonga también la impunidad que sellaron, incluso antes, las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987) del presidente Raúl Alfonsín.
Este no es un hecho aislado en el actual gobierno argentino y de manera más amplia muestra cómo las renovadas políticas neoliberales buscan desmantelar derechos y conquistas sociales así como las luchas que las produjeron. Para ello, no se duda en recurrir al que está siendo uno de los instrumentos más efectivos de los gobiernos de derecha en la región (como ha mostrado emblemáticamente el caso de Brasil): el Poder Judicial. Otros hitos recientes buscan poner en cuestión y revertir una serie de logros asentados por años de lucha de las organizaciones de derechos humanos en las calles, dejando ver una trama de complicidades entre el oficialismo político-económico, los medios de comunicación, el poder judicial y las autoridades de la Iglesia Católica. El más inmediato, es el renovado llamado a la “reconciliación” de dicha iglesia, institución que ha sido caracterizada por sus complicidades con la última dictadura en Argentina. La cúpula de la Iglesia Católica convoca a familiares de víctimas de terrorismo de Estado y también de represores, para fomentar la reconciliación, reactivando así la lógica de simetría y de guerra con que la teoría de los dos demonios codifica la violencia sistemática ejercida por el Estado sobre la población. Pero también es posible sumar otros hitos: la suspensión de la investigación sobre las crímenes económicos cometidos por civiles durante la dictadura, las sucesivas declaraciones negacionistas de altos funcionarios del gobierno, como el propio presidente Macri y su ex-ministro de Cultura Darío Lopérfido, que en diferentes ocasiones pusieron en duda el número de 30.000 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura, el intento de declarar movible el feriado del 24 de marzo, fecha en que la sociedad argentina en su conjunto rememora el golpe de Estado de 1976, o la reunión del secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, con representantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Vìctimas (CELTYV), una asociación que reclama la libertad de los represores. Gestos que parecían estar anticipados por la editorial del Diario la Nación del 23 de noviembre de 2015 titulada “No más venganza”, que anunciaba que la elección de un nuevo gobierno era el “momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”. Las tentativas de deslegitimación de la historia, la homogeneización de reclamos de las víctimas del terrorismo de estado y los familiares de los represores, la “legitimación democrática” de hechos o actos antidemocráticos, los avances en el resquebrajamiento del tejido social que significa no reconocer crímenes de lesa humanidad y la naturalización de la impunidad parecen ser, entre otros, motivos persistentes del actual gobierno argentino y forman parte del repertorio de (nuevos) discursos neo-liberales democráticos.
La RedCSur, repudia estos hechos, y manifiesta su apoyo a las organizaciones de derechos humanos de Argentina, exigiendo que se respeten sus reclamos (que son los de todxs nosotrxs); reclamos que históricamente han logrado sentar antecedentes para toda la región en materia de juicios a genocidas y de políticas de la memoria. Consideramos que los delitos de lesa humanidad no pueden, bajo ninguna excepción, ser indultados, sobre todo teniendo en cuenta que, en Argentina continúan vigentes mientras no se esclarezca dónde están los cuerpos de los desaparecidos y cuál fue el destino de los hijxs apropiadxs. Hechos como este nos alertan sobre la posible reversibilidad de logros políticos alcanzados en los últimos años y son un llamado a afinar la imaginación colectiva y a reforzar las estrategias.
Por todas estas razones pronunciamos un rotundo NO a la impunidad. NO a la impunidad de los genocidas, NO a toda forma de impunidad jurídica, económica y social. Es así que nos sumamos al grito de Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, de otras organizaciones de derechos humanos y al de la sociedad en su conjunto :
No perdonamos. No nos reconciliamos. Contestamos el negacionismo neoliberal. Pedimos cárcel común y perpetua a los genocidas.
RedCSur, 10 de mayo 2017
